El cese del número dos de Junqueras o los síndicos no suspende automáticamente la imposición de sanciones

La renuncia o el cese de los cargos electorales y los síndicos del referéndum sancionados con multas de 12.000 y 6.000 euros respectivamente no es motivo suficiente para que se anulen las multas.

Los jueces tienen que valorar en cada caso concreto si estas personas han dado cumplimiento o no a sus resoluciones. Y deben "justificar ante el tribunal que han revocado las resoluciones adoptadas, paralizado por completo toda actuación considerada como incumplimiento de la suspensión del referéndum y comunicado a los destinatarios de dichas resoluciones que las mismas han quedado sin efecto".

Es el caso del secretario general de Vicepresidencia y Economía del Gobierno de Catalunya, Josep Maria Jové, que ha sido cesado este viernes con el objetivo de que pueda eludir la multa diaria de 12.000 euros que fijó para él el Tribunal Constitucional como responsable de la organización electoral. Los magistrados tendrán que valorar si este cese supone cumplir con lo que señala el auto referido a Jové y a la responsable del área de Procesos Electorales Monserrat Vidal Roca.

La misma valoración se realizará respecto de los siete miembros de la sindicatura electoral designada por el Parlamento de Catalunya y de los 15 síndicos territoriales, a los que se les exigió concretamente la revocación de todas las resoluciones y acuerdos que hayan adoptado, la comunicación de tal revocación a sus destinatarios y la renuncia a sus cargos.

Una vez el tribunal valore la eficacia de estos ceses, remitirá a Hacienda el listado de las personas que deben ser multadas y las cantidades que se les reclaman, en función de los días que se consideren que han insistido en su desobediencia a este órgano.