El Tribunal Cuentas reclama a Artur Mas 5,2 millones por la consulta del 9-N

Madrid

El Tribunal de Cuentas ha reclamado al expresidente catalán Artur Mas 5,2 millones de euros por los gastos que conllevó organizar y celebrar el referéndum ilegal del 9 de noviembre del año 2014, por el que también tendrán que responder otra decena de exaltos cargos de su Govern. Mas tiene 15 días para depositar la fianza y según el acta provisional de liquidación del tribunal, en esa cantidad ya estarían sumados 400.000 euros de intereses.

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Para el tribunal, como ha adelantado la cadena SER, Artur Mas sería el responsable solidario de los 5,2 millones de euros, como presidente que era de Cataluña en 2014 y máximo responsable de las cuentas públicas. Junto a Mas, entre los encartados se encuentran los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, todos ellos inhabilitados por la consulta del 9 de noviembre de 2014, así como otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación de la Generalitat.

Los afectados dispondrán de 15 días para depositar la fianza y, de no poder ejecutarla, se les embargarán bienes, cuentas bancarias y, en definitiva, su patrimonio. La fianza tiene la peculiaridad de ser "solidaria", es decir, que si alguno de los encartados no tiene bienes, los demás habrán de responder por él.

El organismo fiscalizador había citado este lunes a los representantes legales del expresidente de la Generalitat Artur Mas y tres de sus consejeros para entregarles el acta de liquidación provisional por su responsables en la convocatoria de la consulta del 9-N por los gastos de más de cinco millones de euros cargados a los presupuestos del Govern. El tribunal considera que incurrieron en una presunta responsabilidad contable por haber ordenado, instigado o cooperado en las actuaciones que permitieron la celebración de la jornada de participación del pasado 9 de noviembre de 2014. En la sede del tribunal se les entregó el acta de liquidación provisional con el cargo impuesto a cada uno de ellos y tras cuatro horas de alegaciones y deliberaciones el acto ha concluido con la entrega del escrito de conclusiones del tribunal.

Mas, único responsable de todas las partidas

La cifra total que se le reclama a Artur Mas finalmente ha sido de 5.251.948,21 euros y según las conclusiones de la instrucción judicial de las diligencias abiertas por la consulta Artur Mas sería el único responsable solidario de todos los gastos de fondos públicos, es decir, el único corresponsable de la totalidad de todas las partidas, es decir, asumirá solidariamente las fianzas impuestas a sus consejeros y equipo.

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El resto de exconsellers y exaltos cargos asumirán el pago de la parte que corresponde al gasto asignado a sus departamentos, una cifra imputada a cada uno de ellos por el tribunal. En cuanto a sus exconsellers, el exconsejero de presidencia y exportavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs tendrá que abonar una fianza de 2,1 millones de euros; 840.000 euros la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau, la cifra más alta con 3.044.399 euros.

Para el tribunal ha sido clave determinar los responsables que tomaron la decisión en cada una de las partidas de gasto y quiénes dieron las órdenes a toda la estructura política y administrativa de la Generalitat para asumir las facturas a cargo del erario público.

Junto a los principales responsables políticos, hay otros siete ex altos cargos de la Generalitat que responderán por su implicados en la organización administrativa de la consulta aunque no en el proceso penal del TSJC y el Supremo. Se trata de Lluís Bertrán, exsecretario general de Gobernación; los interventores de Gobernación y Presidencia, Carolina Pardoy y Jordi Serra; Josefina Valls i Villa, directora de servicios de Gobernación; Ignasi Genovés i Avellana, director de Atención Ciudadana; Jaume Domingo i Planas, director del diario oficial de publicaciones; y Jordi Vilajoana, secretario general de Presidencia.

Distintos bloques de gastos

Entre las partidas analizadas por el tribunal, los gastos indebidos de la consulta se han dividido en distintos bloques, correspondientes a cada departamento del Govern. Entre los gastos que suman más de 5.251.000 millones de euros, por un lado, están los que corresponden a la informática, esto es, los equipos y programas necesarios para seguir el recuento y la transmisión de los resultados, la adquisición de 7.000 ordenadores y el desarrollo y mantenimiento de la página web participa2014.cat de los que constaba como pagador el departamento de Gobernación.

Por otro lado, son irregulares para el tribunal los gastos destinados a la adquisición de material para la consulta, entre ellos, los sobres y las urnas –elaboradas por los presos de la cárcel de Lleida- además de las papeletas electorales y el transporte a los puntos de distribución y envío a domicilio. También los locales que albergaron las urnas y la instalación de un centro de prensa en el recinto ferial de Montjuïc; la póliza asegura para voluntarios; los gastos institucionales de campaña animando al voto, así como los servicios relacionados con el seguimiento y la proclamación de los resultados de la votación, llevada a cabo desde la vicepresidencia de la Generalitat.

Los gastos cargados al presupuesto catalán superan los cinco millones de euros más los intereses, que incrementan la cifra en unos 400.000 euros más. Además, el Tribunal de Cuentas ha detectado otros gastos que no ha podido todavía documentar y que podrán ser esclarecidos en el futuro en el marco de estas diligencias.

Las tres asociaciones que interpusieron la denuncia contra la cúpula de la Generalitat –Sociedad Civil Catalana, Acción Cívica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución- ehan acudido al acto este lunes en la sede del tribunal donde se les ha entregado copia del acta de liquidación por los 5,2 millones de euros que ya señalaron como gasto indebido para el proceso consultivo y, como estaba previsto, la cantidad ha sido superior al 5,1 millones de euros que reclamaban. A la cita también han acudido la representación legal de la Generalitat; la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal.

Fianzas obligatorias

Las fianzas por responsabilidad contable impuestas por el tribunal son de carácter solidario, de manera que si alguno de los imputados no responde al pago con sus bienes o propiedad tendrá que ser asumida y repartida entre el resto de exaltos cargos. Aunque se trata de la fase previa al juicio por responsabilidad contable, tras recibir el acta de liquidación, podrán recurrir en el plazo de cinco días y, una vez resueltas las alegaciones, tendrán quince días para afianzar los gastos, si no lo hacen, el tribunal comenzará el proceso de embargo de cuentas y bienes para resarcir al erario público.

Este procedimiento contable se suma a las condenas por vía penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Constitucional; Francesc Homs fue condenado a un año y un mes de inhabilitación por el Supremo debido a su condición de aforado.

Recurso seguro

El abogado de la Generalitat, Rafael Entrena, a las puertas del tribunal, ha mostrado su "absoluta disconformidad" con la resolución, asegura que no se ajusta a derecho y está redactada con una "fundamentación política defectuosa, con desviación de poder e instrumentalización del Tribunal de Cuentas para saldar responsabilidades políticas".

Según la defensa del Govern catalán, len os gastos del 9-N "todos y cada uno de los contratos y pagos tenían una buena ordenación contable, habían sido intervenidos por los órganos competentes y con base legal.

Entrena aclara que ahora "esperarán a recibir el requerimiento para ver cómo se concreta el aprovisionamiento de las fianzas" y esperan que en el futuro sean "provisionales y no definitivas".