La Audiencia Nacional investigará por sedición los incidentes de Barcelona
La juez Carmen Lamela admite a trámite la denuncia presentada el viernes pasado por la Fiscalía, y reclama a la Guardia Civil que identifique a los supuestos responsables del intento de impedir que los funcionarios detuvieran a los organizadores del referéndum suspendido en la operación Anubis. El delito de sedición acarrea penas de hasta 15 años de cárcel
La titular del juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha admitido a trámite la denuncia firmada este viernes por el teniente fiscal del mismo órgano jurisdiccional, Miguel Ángel Carballo, para que sean investigados por sedición los altercados que tuvieron lugar el pasado 21 de septiembre en Barcelona, cuando fueron detenidos 14 cargos de la Generalitat y efectuados 41 registros en consejerías y otras oficinas e instituciones, para desmontar la organización del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Lamela asumió el caso este lunes, después de que por un error en el reparto, hubiera recaído inicialmente en su compañero Ismael Moreno.
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La juez, tal y como afirmó la Fiscalía, halla indicios de que una “muchedumbre”, intentó impedir a funcionarios de Justicia y a los cuerpos de seguridad del Estado el desarrollo de sus funciones de acuerdo a la Ley y las resoluciones de un juez, para conseguir la celebración del referéndum con el que proclamar una república catalana independiente.Y debe ser investigado, dice el fiscal Carballo, quién indujo o dirigió a través de las redes sociales y en los lugares donde tuvieron lugar los hechos las acciones de esa “turba”, que actuó de forma consciente de que el referéndum ha sido convocado al margen de la legalidad. En este sentido, como inductores o directores, el fiscal apunta al presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y al de la asociación Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
<p>El atestado de la Guardia Civil muestra varios coches destrozados tras las protestas</p>
En este sentido, la juez pide un informe a la Guardia Civil para que identifique a los presuntos responsables. La Fiscalía destaca que los altercados fueron planificados, con la emisión de consignas y llamadas a la movilización a través de las redes sociales, y como muestra, detalla la disposición de vituallas para permanecer de forma indefinida ante las sedes de las instituciones que estaban siendo registradas en la operación Anubis. También subraya los daños a los vehículos de la Guardia Civil, los cordones de manifestantes y cánticos proferidos contra los agentes y la comisión judicial, que en algunos casos tuvieron que abandonar los edificios por el tejado, y las agresiones a militantes socialistas o los disparos al aire que tuvo que efectuar la policía para impedir el asalto a un furgón frente a la sede de las CUP.
El delito de sedición está contemplado en el artículo 544 del Código Penal. Dice, y es literal, que "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".
El delito de sedición acarrea consecuencias muy graves en caso de condena. Penas de prisión de ocho a 10 años de cárcel para los autores de la sedición o las personas que la indujeron o dirigieron; y hasta 15 años si fueran personas con autoridad.
