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posible Declaración Unilateral Independencia

La 'desconexión' económica de la Generalitat: ilegal e inviable

Ejercicio teórico sobre la capacidad de un hipotético Estado catalán para recaudar impuestos que ahora corresponden al Estado y atender obligaciones como el pago de pensiones y prestaciones de desempleo

Imagen del Parlament de Cataluña. / ()

Cataluña no tendría capacidad a corto plazo para gestionar la recaudación de impuestos que ahora corresponden al Estado español. Es lo que sostienen fuentes próximas a la administración tributaria española, que se basan en las carencias de personal de la nueva administración tributaria catalana, ya que -dicen estas fuentes- la actual Hacienda catalana tiene apenas 400 empleados, frente a los casi 4.000 de la agencia tributaria española ahora en Cataluña. Y, en segundo lugar, tienen serias dudas sobre la suficiencia del sistema informático tributario catalán. Y de que tenga los mecanismos de información y cruce de datos con otras administraciones también del ámbito internacional para un control tributario efectivo que mantenga en niveles asumibles un eventual incremento de la evasión o elusión fiscales. 

En definitiva, estas fuentes piensan que en un primer momento la situación sería caótica, por falta de medios humanos y técnicos adecuados, y que la agencia tributaria catalana necesitaría un largo plazo para un eficaz control de los ingresos. Todo ello en un ejercicio teórico sobre la base de que la administración tributaria española no diese la batalla, que no reclamase también a empresas y personas físicas el pago de los mismos impuestos que le reclamaría la catalana.

Sobre esta misma base la asociación de técnicos de Hacienda GESTHA piensa que la parte técnica, informática, sería de fácil y rápida solución para la Administración catalana, pero que la falta de información cruzada y las carencias de personal supondrían una traba muy importante en un primer momento para el control de los ingresos y evitar una fuerte caída de la recaudación.

El actual personal de la agencia tributaria española en Cataluña podría incorporarse a la catalana. Pero GESTHA piensa que buena parte del personal no enraizado allí optaría por salir de ese territorio. Su portavoz, José María Mollinedo, estima que se tardarían años en suplir a ese personal. "Si el grueso de esos funcionarios -apunta- no quiere permanecer en Cataluña, difícilmente la agencia tributaria catalana estaría en disposición de mantener el control tributario en el mismo standard que ahora mantiene la agencia tributaria del Estado". Es decir, para GESTHA la Hacienda catalana podría reclamar enseguida el pago de impuestos, pero tendría muy difícil al principio el control de los ingresos para evitar el fuerte incremento de la evasión y elusión fiscales.

Difícil endeudamiento

Frente a esta incapacidad inicial para allegar nuevos recursos, la Hacienda catalana carece prácticamente de reservas. El pago a proveedores de la Administración autonómica depende básicamente de las periódicas aportaciones del FLA -el fondo de liquidez autonómica- dotado con fondos del Estado. Y la capacidad de endeudamiento de la Generalitat está muy condicionada por lo abultado de su deuda y su mala calificación crediticia.

La deuda catalana alcanzaría, según expertos consultados, el 125% de su PIB si al desgajarse de España asumiese, además de su actual deuda autonómica, la parte de la deuda pública española que le correspondería en función de su PIB.

Y su calificación crediticia actual, con una deuda que no llega a un tercio de la planteada en esa hipótesis, está ya entre cuatro y seis escalones por debajo de la calificación de la deuda española para las tres grandes agencias internacionales de rating, que consideran que prestar dinero a Cataluña es -ahora ya- una inversión especulativa, o altamente especulativa. Con lo que quien esté dispuesto a prestar dinero a la Generalitat, sin el paraguas europeo y español, exigiría tipos de interés elevados. Se encarecería mucho la financiación de la nueva administración catalana.

Y lo está haciendo ya. Destacan los expertos que la deuda pública catalana a tres años cotiza en el mercado secundario 35 puntos básicos por encima de la española, que está prácticamente a cero. El diferencial era de menos de 20 puntos básicos hace apenas unas semanas.

Las pensiones

Una hipotética independencia de Cataluña tendría efectos devastadores sobre los sistemas de protección social, del nuevo estado pero también de España. Jesús Cruz Villalón, catedrático de derecho del trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, anticipa que el nuevo sistema nacería quebrado, y el español quedaría muy dañado: "La Seguridad Social española perdería unos ingresos notables al mismo tiempo que tendría que hacer frente a las pensiones actualmente vivas y por tanto eso provocaría un absoluto desequilibrio financiero. De la otra parte el nuevo estado no tendría ni los instrumentos técnicos ni los jurídicos para comenzar a recaudar esas cotizaciones, al mismo tiempo que los nuevos beneficiarios se dirigirían a una presunta seguridad social catalana que no tendría fondos para hacer frente a los mismos".

Tras una separación, el nuevo estado tendría que hacer frente al primer mes de pagos con la caja vacía y un sistema deficitario. El ministerio de Empleo cifra las cotizaciones que se generaron en Cataluña en 20.500 millones en 2016, frente a unos gastos en prestaciones contributivas de cerca de 25.000 millones. Sumando las transferencias del estado para el pago de prestaciones no contributivas y complementos a mínimos, el gobierno central calcula un déficit de 4.700 millones anuales. Y a esto hay que añadir que poner en marcha un sistema de seguridad social moderno es muy complejo. "Cataluña no tiene los complejos medios informáticos de recaudación de las cotizaciones. No tiene el personal que gestione tanto las cotizaciones como las prestaciones".

Los cálculos anteriores están hechos con las cifras actuales; pero el impacto de una ruptura se dejaría sentir en la economía en forma de menos comercio, salidas de empresas, redimensionamiento de sus operaciones... lo que traería un aumento del paro. Más paro supone menos dinero para cotizaciones sociales y engordar otra importante factura del gasto social, el de prestaciones por desempleo. Valeriano Gómez, ex ministro de trabajo: "Este es un sistema que en este momento debe estar dedicando a las prestaciones por desempleo en Cataluña del orden de otros 3.500 millones de euros y si se duplica o se multiplica por un ratio determinado la tasa de desempleo, ese gasto en cobertura de desempleo también seguiría creciendo y sería mucho más intenso".

La tasa de paro en Cataluña es actualmente de un 13,2%; hay en ese territorio medio millón de desempleados. El gobierno de España dice que un cálculo conservador sobre las consecuencias de la ruptura podría hacer aumentar esa cifra en 250.000 personas más.

Bajo la tutela del BCE

Ángel Berges, responsable de Banca en Analistas Financieros Internacionales (AFI), destaca que "si hay una declaración unilateral de independencia y el Gobierno de España no la acepta, como es el caso, Cataluña seguirá siendo España, de modo que, si se hubiera quedado algún banco en Cataluña, esa entidad seguiría estando en territorio español, bajo la tutela del Banco Central Europeo (BCE)".

El experto no ve otra salida puesto que "si no hay un banco central, las entidades no sobreviven. Si Cataluña se independizase y fuera formal, que no será el caso, los bancos (si no hubieran trasladado sus sedes sociales) dejarían de estar bajo la tutela del BCE y tendrían que crear su propio banco central".

No obstante, como ya han formalizado ese cambio de sede fuera de Cataluña (Alicante, Valencia...), "están en territorio que seguirá siendo España, seguirá siendo euro, a todos los efectos, haga lo que haga el Govern de Cataluña. Esos bancos seguirán estando íntegramente bajo la tutela del Banco Central Europeo, bajo la supervisión del BCE, y seguirán estando enchufados a la manguera de liquidez del BCE".

Precisamente, preguntado por este asunto, el BCE ha declinado hacer comentarios sobre la situación política y acerca de cómo puede afectar al sector bancario. "El único mensaje que lanzamos respecto a Cataluña es que no lanzamos ningún mensaje", dicen desde el supervisor. Tampoco realizan comentarios en el Banco de España, ni en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Fuentes financieras, por su parte, insisten en que los bancos catalanes están fuera de todo riesgo al haber cambiado su sede social y haberla sacado de Cataluña. "Pase lo que pase, las entidades catalanas siguen bajo la normativa española y europea", al tiempo que lanzan "un mensaje de tranquilidad a los ahorradores".

En la Bolsa, su gestor, Bolsas y Mercados Españoles (BME) explica que los seis índices de Barcelona "no se están viendo afectados" por la crisis catalana, sino que se mueven en la línea del Ibex-35. Un informe de la Borsa de Barcelona de la sesión bursátil de ayer hace hincapié en el "cierre positivo" de la Bolsa "a pesar de la tensión política".

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