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Consejo de Ministros

El Gobierno baraja enviar un requerimiento a Puigdemont, paso previo para activar el 155

Rajoy convoca a las 9:00 a sus ministros tras el anuncio de Puigdemont de suspender la independencia unas semanas

El requerimiento no significa que se aplique automáticamente el 155. Hay que esperar respuesta del president

Vista general de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que estudia las medidas de respuesta del Estado a la declaración y posterior suspensión temporal de independencia de Cataluña / Cesar P. Sendra (EFE)

Madrid

Tanto en el PP como en el Ejecutivo cuentan que lo más probable es que del Consejo de Ministros extraordinario salga un requerimiento oficial al president de la Generalitat. Este es un paso previo para activar el mecanismo del artículo 155 de la Constitución porque, en caso de hacerlo, lo primero que se necesita para acudir al Senado, -donde los populares cuentan con mayoría absoluta-, es presentar un escrito con las medidas a aplicar y la justificación de que se ha realizado ese requerimiento y ha sido desatendido. 

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Pero este requerimiento no significa que se recurra ya, de forma automática, al 155. Hay que esperar a conocer la respuesta de Carles Puigdemont. A ver las explicaciones que da y si rectifica o no. Por eso la Moncloa lo vende como el "aviso". "Es un ultimátum", señalan los colaboradores de Mariano Rajoy. Aunque para algunos populares sólo sea "otra patada hacia adelante". "Al final es la forma de poner la pelota, de nuevo, en el tejado de los independentistas", comenta un diputado conservador.

Además, en el Gobierno no se descartan otras medidas. También se habla del artículo 92 del Constitucional. Desde la Moncloa podrían solicitar el cumplimiento efectivo de las resoluciones del Tribunal que van desde la multa a la suspensión de funciones.

Anoche, en una comparecencia sin preguntas, la vicepresidenta dijo que el Gobierno no da validez a la ley del referéndum porque está suspendida por el Tribunal Constitucional, que el Parlament no puede dar por sentado que la mayoría de los catalanes quieren la independencia y que la Generalitat no debería exhibir los resultados del 1 de octubre porque lo que se vivió durante esa jornada fue "un acto ilegal, fraudulento y sin las más mínimas garantías".

Además, Soraya Sáenz de Santamaría cerró la puerta a sentarse a hablar en estos momentos con los independentistas: "No pueden pretender imponer una mediación. El diálogo entre demócratas se hace dentro de la ley respetando las reglas de juego y no inventándolas a su voluntad".

 
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