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El Poder Judicial pide acciones penales contra la comisión del Govern sobre el 1-O

El presidente del TS y del CGPJ pide a la Abogacía del Estado que ejercite acciones legales contra el acuerdo de la Generalitat de creación de la "Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña"

Jueces y fiscales rechazan la comisión catalana que pretende investigar la violación de derechos humanos / VÍDEO: ATLAS

Carlos Lesmes quiere una acción penal inmediata contra esta comisión porque supone “una flagrante, insólita e injustificable violación de uno de los principios que sustentan la constitución, como es el respeto a la independencia judicial”.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha solicitado este viernes al Abogado General del Estado, Eugenio López Álvarez, que “curse las instrucciones precisas para proceder a ejercitar las acciones legales procedentes” contra el acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña por el que se crea la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña, “con el fin de restablecer el ordenamiento constitucional y legal que mediante el citado acuerdo se ha visto conculcado”.

El poder político catalán ha creado esta comisión para investigar si se han violado los Derechos Humanos durante el referéndum ilegal y toda la judicatura ha saltado en su contra.

Hace unas horas, un comunicado conjunto de las siete asociaciones judiciales lo denunciaba y ahora el consejo del poder jurídico invoca una acción penal.

Carlos Lesmes declara que el Govern no puede someter a “una suerte de control político, además, bajo amenazas, a la clase judicial por sus actuaciones. “Lo que no es de recibo es que el Poder Ejecutivo se arrogue una suerte de función supervisora de la actividad que puedan desarrollar los tribunales en el ejercicio de las competencias que conforme a la Constitución les atribuyan las leyes”, añade en su escrito el presidente del Poder Judicial, que afirma que “el Govern de la Generalitat de Catalunya no puede, en modo alguno, desarrollar funciones de vigilancia y control de las actuaciones judiciales”.

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