El Supremo advierte a la Generalitat: financiar el referéndum con fondos públicos "no es ajustado a Derecho"
El alto tribunal rechaza la petición de cautelares del Govern, que pedía levantar el control de Hacienda sobre las cuentas de la Generalitat, y recuerda al ejecutivo de Puigdemont que usar dinero público en un referéndum ilegal "no es ajustado a Derecho"
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Primer pla del vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, al Consell Executiu del 17 d'octubre del 2017 (Horitzontal). / Jordi Bataller ACN
Madrid
Aviso del Tribunal Supremo a la Generalitat: financiar un referéndum ilegal con fondos públicos "no es ajustado a Derecho". Así se expresan los jueces de lo contencioso del alto tribunal en uno de los dos autos en los que rechazan suspender de forma cautelar el control que Hacienda ejerce sobre las cuentas del Govern, tal y como había pedido el ejecutivo que dirige Carles Puigdemont por vía judicial.
El Supremo rechaza los dos recursos interpuestos contra la orden y el acuerdo que dieron luz verde a la medida, y explica que en ningún caso es algo irreversible que deba ser paralizado por la vía de las medidas cautelares: "Ni se producen efectos irreversibles, ni es imposible ejecutar una hipotética sentencia anulatoria del Acuerdo impugnado", dice uno de los autos.
Además, en otro párrafo los jueces advierten: "Hay que resaltar que el destino de los fondos públicos obtenidos a través del Fondo de Liquidez Autonómico debe ser ajustado a Derecho y no es ajustado a Derecho que se destine a financiar una actividad inconstitucional como el mencionado referéndum ilegal". Esta intervención, además, "mejora la situación de los ciudadanos de Cataluña porque garantiza la prestación de los servicios y su nivel de calidad" según los jueces.
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<p>El pasado 15 de septiembre el ejecutivo central anunció un sistema de control de pagos sobre las cuentas de la Generalitat</p>
Una negativa que llega después de que el propio Tribunal Supremo se negase a paralizarlo por la vía de las medidas cautelarísimas a petición de Podemos, y que por tanto abre la puerta a un proceso judicial que acabará en una sentencia que sí resuelva sobre el fondo del asunto y sobre la procedencia de esta intervención.
