Las medidas del Gobierno de Rajoy, al detalle
Los dos ejes fundamentales de las medidas que adopta el Gobierno están, por un lado, en la destitución del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus consellers, y por otro en el control que ejercerá sobre el Parlament de Cataluña
Las medidas del Gobierno de Rajoy, al detalle / CADENA SER
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Cese del Govern
Madrid
El Gobierno de Mariano Rajoy subraya que solo se cesa al primer escalón. La justificación es que Carles Puigdemont y su equipo no han cumplido con los requerimientos que ha realizado el Gobierno ni tampoco el Constitucional. A juicio de la Moncloa, todo el Govern se ha puesto al servicio de la secesión.
Subraya además que las competenecias no se devuelven al Estado. No hay devolución como, por ejemplo, sí ocurrió en el Ulster, sino que se sustituye a determinados responsables políticos por sus incumplimientos. Desde Moncloa subrayan especialmente que no desaparece la autonomía ni tampoco el autogobierno, sino que se toma el control hasta que los ciudadanos catalanes puedan volver a votar de manera legal.
No hay plazo para las elecciones
Se da, en principio, un plazo de 6 meses para convocarlas. El Gobierno desea que sean antes de esos 6 meses, pero no está clara la fecha. Lo primero es recuperar la normalidad y luego vendrán las elecciones. Por tanto esos 6 meses podrían ser incluso ampliados si hiciera falta y esa normalidad democrática en Cataluña no se hubiera recuperado.
Restricciones al Parlament
Con la activación del 155, el control del Parlament de Cataluña pasa al Senado. El Parlament podrá seguir funcionando, pero tiene restricciones. No puede, por ejemplo, designar nuevo Gobierno, ni aprobar una moción censura. Que el control lo realice el Senado quiere decir que, físicamente, las sesiones de control al Gobierno catalán habituales en el Parlament pasarían a realizarse en una comisión del Senado en la que representantes del gobierno central responderán a las preguntas sobre la gestión de Cataluña. Esos representantes del gobierno central tendrán la obligación de comparecer al menos cada dos meses.
Hay que puntualizar también que los miembros del Govern que son parlamentarios seguirán siéndolo, no pierden su fuero parlamentario. El gobierno central solo ha querido tocar lo que se refiere a cuestiones ejecutivas.
Control económico
El Consejo de Ministros ha decidido habilitar al Gobierno a ejercer las competencias necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria. El objetivo es que, en beneficio del interés general —dice el Gobierno— se garantice la prestación de los servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
Las medidas se toman con dos propósitos, dice el acuerdo:
- Garantizar que la totalidad de los fondos que por cualquier concepto corresponda transferir del Estado a la Comunidad Autónoma, a sus organismos o su sector público empresarial, no se destinen a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista.
- Garantizar que los ingresos que corresponde recaudar o recibir por cualquier título a la Comunidad Autónoma no se destinen a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista.
El control que ya ejercía el Gobierno sobre las cuentas de la Generalitat era muy elevado, esto ya supone el control total de las cuentas de Cataluña.
Seguridad
Respecto al control de la seguridad, uno de los asuntos más delicados, el Consejo de Ministros ha aprobado que el ejercicio de las funciones de Interior en Cataluña quede a cargo del Gobierno de España, que puede crear para tal fin algún órgano o designar a algún responsable. El gobierno, a través de ese órgano o ese responsable designado, podrá dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento para los Mossos d'Esquadra.
El gobierno central podrá acordar también el despliegue de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña y coordinar la actuación de los Mossos d'Esquadra. En el caso de que sea necesario, los Mossos serán sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En el caso de que los Mossos inclumplan las disposiciones, instrucciones u órdenes de servicio dictadas por el Gobierno central se les exigirán las responsabilidades disciplinarias correspondientes, además de las responsabilidades patrimoniales, contables o penales a las que pudieran dar lugar.
Control de TV3
La aplicación del artículo 155 supondrá que el Gobierno pueda cesar o nombrar a los responsables de TV3 y Catalunya Ràdio para garantizar una información veraz y respetuosa con el pluralismo político.
En el caso de los medios de comunicación públicos, la televisión autonómica TV3 y Catalunya Ràdio, el Gobierno central buscará garantizar "la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial, así como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña".
La pregunta que surge es si esto supone o no la destitución de los responsables de la televisión y la radio pública catalanas. Fuentes de la Moncloa responden que no habrá destitución automática, sino que el Gobierno central estará muy pendiente de que cumplan con ese mandato de de tramitir información veraz, objetiva y equilibrada. Si no lo cumplen los nuevos responsables de ese área de comunicación pública, que en este caso estarían en el departamento de Presidencia del Gobierno de España, decidirán qué hacer: cesarlos, sustituirlos por otras personas o adoptar las medidas que crean conveniente.
¿Cuándo terminará el control?
La aplicación del artículo 155 de la Constitución y de las medidas contenidas en el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat que salga de las próximas elecciones autonómicas.
¿Hay posibilidad de sanciones a funcionarios?
La respuesta es sí. El Estado podrá imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios o personal laboral de la Generalitat de Cataluña que no acaten la aplicación del artículo 155 de la Constitución acordado por el Consejo de Ministros, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.
