La fiscal: "Los acusados atentaron contra el Estado de Derecho"
En su alegato final, la fiscal Anticorrupción pide la condena para todos los acusados, incluidos el PP y Ana Mato, y sostiene que protagonizaron “hechos de extrema gravedad” aceptando los exdirigentes del PP acusados “sobornos con cargo a las administraciones que juraron proteger”. Todos causaron un daño de “muy costosa reparación social” para la Fiscalía
Vista de un monitor de la sala de prensa de la Audiencia Nacional. / JJGuillen (EFE)
Madrid
La fiscal Anticorrupción, Concepción Sabadell, ha reclamado la condena para los 37 acusados en el juicio de la Gürtel, además del Partido Popular y la exministra Ana Mato, que se sientan en el banquillo como partícipes a título lucrativo.
La fiscal ha descrito un entramado en el que ha otorgado idéntica relevancia delictiva al líder Francisco Correa y a sus socios, como a los funcionarios y autoridades públicas del Partido Popular, quienes con su “violación” de las normas básicas de contratación en beneficio propio, y la aceptación de sobornos que además eran costeados por las mismas administraciones que juraron defender, “atentaron contra el Estado de Derecho”, en una actuación “de muy costosa reparación social”.
Alegato final de la fiscal Concepción Sabadell - Juicio a la 'Gürtel'
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En su alegato final, la fiscal Sabadell ha recalcado la gravedad de los hechos, “no solo por su naturaleza y el perjuicio a los fondos públicos”, sino porque se “extendieron y enraizaron” como un “modo ordinario” de contratación pública durante un largo periodo de tiempo y siempre en administraciones “gobernadas por el Partido Popular”.
La fiscal ha reprochado en este punto de su alocución que las autoridades y cargos públicos del PP acusados y vinculados a esas administraciones, “aceptaron sobornos para enriquecerse con cargo a los fondos públicos que tenían la obligación de conservar, proteger y salvaguardar”.
Esos funcionarios y autoridades del Partido Popular, ha añadido Sabadell, “faltaron a sus deberes éticos y profesionales, prevaricaron y dictaron resoluciones injustas siempre con base en los sobornos y además desfalcaron las arcas públicas en beneficio propio y de Francisco Correa, malversando los caudales públicos”.
Con su “reiterada violación” de los principios que deben regir la contratación pública, los acusados “atentaron contra el Estado de Derecho y su actuación resultará de muy costosa reparación social”.
Por su parte, el Abogado del Estado, Edmundo Bal, dice que la trama fue un "cáncer de corrupción" en cada administración que tocó. Y culpa a los acusados, con sus fraudes fiscales, de "robar a todos los ciudadanos".
