Francia introduce "el estado de excepción" en el derecho común

París

Este martes ha entrado en vigor en Francia la ley antiterrorista para sustituir al “estado de excepción”, instaurado por François Hollande en reacción a la serie de atentados del 13 de noviembre de 2015.

El texto convierte en derecho común algunas iniciativas que eran extraordinarias hasta ahora en Francia. Tales como los registros domiciliarios, asignaciones a residencia o vigilancia de las comunicaciones y redes sociales, sin autorización judicial previa. Numerosas organizaciones y abogados defensores de los derechos humanos temen el nuevo texto provoque más estigmatización e incluso injusticias en colectivos vulnerables.

La mayoría de los franceses, asustados por la multiplicación de actos terroristas han admitido las constricciones de libertad. Ello no significa que el llamado estado de emergencia haya resultado eficaz contra los atentados. El 99 por ciento de los 4.500 registros administrativos practicados en los últimos 24 meses han resultado infructuosos y menos de una veintena están relacionados con un delito de terrorismo.

“Los atentados no se han frenado con la ley”, asegura Patrice Spinosi, abogado del Consejo de Estado (máxima autoridad administrativa) y del Tribunal de Casación . Pese a las afirmaciones de los sucesivos ministros del Interior, “las medidas del estado de emergencia no han podido evitar nuevos atentados en Francia. Al contrario, recuerda Spinosi en Le Mobde, no ha habido apenas un mes desde hace dos años en los que el Hexágono haya sido víctima de asesinos fanáticos. “Sólo la eficacia y rapidez de la intervención de las fuerzas armadas ha podido evitarlos”., añade Spinoci.

La octava ley antiterrorista en cinco años tampoco convence por su carácter represivo a la profesora universitaria Vanessa Codaccioni. El poder judicial se convierte en “el pariente pobre de la ley antiterrorista“, señala y teme que todas las medidas previstas en principio para luchar contra el nuevo terrorismo islamista puedan ser susceptibles de utilizarse para otros objetivos.

La liga de derechos humanos advierte de que su carácter preventivo afectará a personas que no haya cometido delito alguno, la administración que vela por el bien de todos puede acabar estigmatizando, dividiendo la sociedad y quebrando la vida de personas inocentes, recalcan numerosos expertos