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Montoro busca que Puigdemont pague los gastos del 1-O

Hacienda pide al Tribunal de Cuentas que Puigdemont y sus consejeros paguen "de su bolsillo" los gastos del referéndum ilegal

Hacienda pide al Tribunal de Cuentas que cuantifique el dinero público empleado el 1-O / ATLAS

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, solicita a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que investigue los gastos para la celebración del referéndum del pasado uno de octubre y adopte las medidas necesarias contra el Gobierno de Cataluña y los responsables de las asociaciones civiles por gastar “dinero público” para un acto ilegal

El número dos de Montoro señala en su comunicado de 20 folios que "estamos en presencia de una actuación consciente de utilización de medios humanos y materiales, de recursos públicos dirigidos a la consecución de una finalidad manifiestamente conocida y reconocida judicialmente como ilegal", por lo que exige que se investiguen las responsabilidades que corresponda exigir a todos los ex miembros del Gobierno de Cataluña, así como a los responsables de Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana",

Igual que Artur Mas

Hacienda le pide a la fiscalía del Tribunal de Cuentas que "inicie las actuaciones oportunas" con el fin de determinar los contratos y actos administrativos llevados a cabo por el exGovern catalán y que abra un expediente de responsabilidad contable para que paguen con su patrimonio personal el dinero público que se haya empleado en el referéndum ilegal del 1 de octubre., lo mismo que se ha reclamado ya a Artur Mas y sus exconsejeros respecto a la consulta del 9-N, por la que se les reclama una fianza de 5,2 millones de euros.

Asociaciones civiles

La denuncia solicita que se incluyan en la investigación las ayudas y subvenciones públicas que han recibido Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, ya que jugaron un "papel principal" en la organización y celebración del 1-O "que puede implicar el empleo de fondos públicos, de los cuales se nutren sus presupuestos, para la realización de actividades ilegales o contrarias a las resoluciones de los tribunales".

Difícil de investigar

La denuncia reconoce que "no resulta en este momento posible la definición cierta de la cuantía de los daños producidos", entre otros motivos por el "ánimo de ocultación de la financiación" del referéndum por parte del Govern.

Fuentes del Ttribunal de Cuentas, sostienen que, por ahora, resulta difícil de investigar porque todavía no tienen la cifra total de gasto lo que dificulta fiscalizar las partidas generadas para ese desembolso.

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