Cuando el Tribunal Supremo envía a prisión: Herri Batasuna y el psiquiatra de un narco
El alto tribunal instruye pocas causas, y muy pocas veces ha enviado a alguien a prisión en plena investigación: lo hizo en 1997 con varios miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y en 2002 con el psiquiatra que propició la fuga de un narco
Rueda de prensa de HB en Donosti en diciembre de 1997 tras conocer la sentencia condenatoria del Supremo / Alain BUU/Gamma-Rapho (Getty Images)
Madrid
Las investigaciones penales abiertas en el Tribunal Supremo no son algo muy habitual, y las órdenes de prisión son todavía más difíciles de encontrar en los archivos históricos del alto tribunal. La sombra de las medidas cautelares, y de una posible petición de prisión por parte de la Fiscalía, planea esta mañana sobre los seis miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya con pocos antecedentes de personas saliendo esposadas del máximo órgano judicial español: los miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y un psiquiatra acusado de facilitar la liberación y fuga de un narcotraficante.
Son casos en los que el Tribunal Supremo, en el marco de una instrucción, dictó el ingreso en prisión de los imputados, aunque en ambos supuestos se hizo con la posibilidad de pagar una fianza.
HERRI BATASUNA (1997)
Más de veinte miembros de la Mesa Nacional de la formación abertzale Herri Batasuna, posteriormente ilegalizada, se sentaron en el banquillo del Tribunal Supremo a finales de 1997 acusados de seguir las directrices de ETA para difundir y apoyar la iniciativa de negociación bautizada por los terroristas como "Alternativa Democrática" durante las elecciones generales de 1996. Un proceso judicial que arrancó en la Audiencia Nacional con el juez Garzón pero que terminó en manos del Tribunal Supremo por ser algunos acusados diputados regionales, y por tanto aforados, en País Vasco y Navarra: el alto tribunal les condenó a penas de hasta siete años de cárcel, pero años más tarde el Tribunal Constitucional les dio la razón, lo que supuso su excarcelación.
La sentencia que les envió a prisión llegó en diciembre de 1997, pero unos meses antes el Tribunal Supremo ya hizo pasar a la mayoría por prisión preventiva: el juez instructor José Manuel Martínez Pereda les llamó a declarar a principios de año y fueron puestos en búsqueda y captura al negarse a comparecer. Las fianzas impuestas fueron rebajadas progresivamente desde febrero hasta abril, de cinco millones de pesetas a medio millón cada uno, y salieron de prisión a mediados de ese mes.
"Supondría para ETA subir un escalón, y para el Estado bajarlo de forma irreversible"
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Entre los condenados por el Tribunal Supremo - y posteriormente amparados por el Tribunal Constitucional - estaban Koldo Castañeda, Tasio Erkizia o Rufino Etxeberría.
LA FUGA DE 'EL NEGRO'
En diciembre de 2001, la fuga de un narcotraficante colombiano puso patas arriba la Audiencia Nacional: los jueces le habían dado un permiso y Carlos Ruiz, apodado 'El Negro', no había perdido la oportunidad de darse a la fuga. El traficante de drogas no aparecería de nuevo hasta 2013, pero el episodio casi se llevó por delante las carreras de los tres jueces que le excarcelaron: Carlos Cezón, Juan José López y Carlos Ollero.
Hebrero (cubierto con una cazadora) abandona su domicilio donde la policía judicial realizó un registro el 21 de febrero de 2002 / Fernando Alvarado
Ellos fueron suspendidos, investigados - y posteriormente absueltos - por el Tribunal Supremo, competente para investigar a magistrados por la vía penal. Una causa que también puso bajo la lupa al psiquiatra de la prisión de Valdemoro, Ángel Hebrero, que emitió los informes en los que se basaron los magistrados para excarcelar al narco, acusado en ese momento de cobrar dinero a cambio de instar su liberación por sus tendencias suicidas. El juez Julián Sánchez Melgar le envió a la prisión de Alcalá-Meco en febrero de 2002, la cual abandonó un día después tras pagar la fianza de 50.000 euros.
Son los dos encarcelamientos - siempre con la posibilidad de pagar una fianza - que han sido capaces de encontrar en el Tribunal Supremo con la vista previa en este jueves y la posible petición de medidas cautelares contra los miembros de la Mesa del Parlament. Otro caso es el del exministro José Barrionuevo, a quien el juez Eduardo Móner dejó en libertad bajo fianza de quince millones de euros en 1996 durante la investigación del secuestro del agente inmobiliario Segundo Marey por parte de los GAL.
