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Prisión bajo fianza de 150.000 para Forcadell por intentar "desmembrar" España

La Fiscalía había pedido el ingreso en prisión sin fianza de Carme Forcadell, Lluís María Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó: el juez les acusa de instrumentalizar las movilizaciones ciudadanas a favor de la independencia y de "desmembrar la integridad territorial"

Prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell / VÍDEO: ATLAS

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha decidido enviar a prisión bajo fianza de 150.000 euros a Carme Forcadell, expresidenta del Parlament Catalán. Otros cinco imputados quedan en libertad con una semana de plazo para pagar una fianza de 25.000 euros: Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet. Por útlimo, Joan Josep Nuet queda en libertad.

Una decisión que implica que Carme Forcadell pase la noche en prisión: en caso de pagar la fianza en los próximos días, quedará en libertad pero tendrá prohibido abandonar el país. El juez también ha rechazado que, tal y como ha pasado en la Audiencia Nacional, los seis imputados tengan que hacer frente a una fianza de responsabilidad civil de 6,2 millones, el dinero público invertido en el 1-O.

La salida de Carme Forcadell del Supremo / ALBERTO POZAS

En su auto, el juez razona en torno al delito de rebelión, hablando de una "intencionalidad de desmembrar la integridad territorial" y explicando que, aunque ahora es "imposible hacer un juicio cerrado" sobre la calificación delictiva, tiene las características de un delito de rebelión. Acusa el juez a los imputados de utilizar a la ciudadanía como fuerza de choque en el proceso independentista, hablando de "la incorporación de la movilización ciudadana como instrumento que permitiría la consecución del objetivo secesionista".

Habla el juez de un "legítimo apoyo de los ciudadanos a una idea de independencia", pero destacan igualmente "la importancia que los impulsores del proceso pudieron dar a esta movilización, así como orientándola a que fuera precisamente el elemento que forzara el reconocimiento político del estado de hecho que iba a impulsarse".

El juez traza una línea directa entre el Parlament, el Govern y la calle: "El engranaje y la coordinación entre unas iniciativas legislativas, otras ejecutivas y la movilización ciudadana, para hacer de todas ellas un único instrumento adecuado para la consecución de los fines secesionistas se visualiza al observar la naturaleza de las entidades que -años antes del parcial estallido social actual- suscribieron la hoja de ruta para la independencia".

Asegura también el magistrado que los imputados "jamás" pudieron pensar que el proceso al que daban curso era legal, glosando las decenas de advertencias, entre otros, del Tribunal Constitucional aunque también por ejemplo de los letrados del Parlament. "Nunca los promotores del Procedimiento para la independencia, pudieron confiar que su objetivo prosperara por la senda legal", explica.

El "devenir político"

El juez Pablo Llarena también mira al futuro político más inmediato del país para hablar de la reiteración delictiva: lo analiza "considerando que el devenir político más próximo y cercano pudiera propiciar la persistencia en la actuación fuera del marco constitucional y transformar la próxima legislatura, en un ilegal proceso constituyente". También revela que los que hoy no han renunciado a su carrera política o al menos "a cualquier actuación fuera del marco constitucional". El juez, eso sí, advierte que las medidas cautelares podrían endurecerse si vuelven a la senda del procés: "Sin perjuicio de poderse modificar las medidas cautelares si se evidenciara un retorno a la actuación ilegal que se investiga".

En torno a la responsabilidad civil, el juez explica que es posible que existan "elementos sólidos" de que el referéndum ilegal del 1-O consumiese dinero público, si rechaza que alcance los seis millones de euros: "Ninguna base probatoria se ha acompañado a la querella que apunte a que finalmente la celebración del referéndum fuera soportada con cargo a fondos públicos y menos aún que lo fuera con el alcance económico inicialmente previsto que se reclama afianzar", dice en un segundo auto.

La resolución del juez Llarena, tras tomar declaración durante horas a los seis imputados, rebaja sensiblemente las pretensiones de la Fiscalía: había solicitado el ingreso en prisión de Forcadell y otros tres exmiembros de la Mesa, así como la prisión eludible bajo fianza para Barrufet y la libertad con cautelares de Nuet.

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