El Comité para la prevención de la Tortura pide a España acabar con la anomalía de la detención incomunicada

Madrid

Es el caballo de batalla del Comité para la Prevención de la Tortura y los Malos Tratos (CPT) desde que en 1991 hicieron su primera visita a España: acabar con la detención en régimen de incomunicación. En el informe recién publicado, reconocen que España ha hecho avances importantes con sus últimos cambios legislativos, pero sigue manteniendo aspectos que pueden generar indefensión.

En su respuesta a este informe, el gobierno español defiende la necesidad de esta figura para casos de terrorismo. Permite mantener a la persona detenida en este régimen por 72 horas, prorrogables bajo autorización judicial si se justifica la necesidad. 

Pero lo que el ministerio de Interior considera imprescindible es, para este comité, que depende del Consejo de Europa, una anomalía. “España es uno de los muy pocos países que mantienen la necesidad de utilizar este régimen -explica a la Cadena SER Therese Rytter, una de las juristas que ha elaborado el informe tras visitar comisarías y prisiones de todo el país-. Es como si no quisieran abandonar la existencia de este régimen”.

Por lo general en este tipo de trabajos se hacen recomendaciones a los estados. Pero de forma rotunda piden que si no se opta por acabar con la prisión incomunicada, al menos debe eliminarse la posibilidad de que menores de edad puedan sufrirla. Son conscientes de que “parece ser una práctica raramente adoptada”, pero es contraria a lo que establecen los principios defendidos por el Consejo de Europa.

Este informe supone una panorámica completa de todos los estamentos en que alguien queda privado de libertad (con la excepción de los centros para extranjeros en situación irregular). Se visitan comisarías, cárceles y centros de menores. En esta ocasión constatan el importante cambio en las cárceles españolas en la última década, que de una superpoblación del 140% en 2007 pasan a estar lejos de su nivel máximo de ocupación (en 2016 era del 80%). Este descenso de población penitenciaria se atribuye fundamentalmente a la generalización de medidas alternativas a las penas de prisión en ciertos delitos.

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De forma consistente el CPT considera que en las cárceles españolas ni torturas ni malos tratos son prácticas extendidas. Pero tampoco son inexistentes. “Hemos recibido denuncias creíbles de uso excesivo de la fuerza en arrestos y en presos en régimen cerrado, que nos dicen que han sido torturados o tratados de forma inhumana”, explica Rytter en una entrevista telefónica, que añade que ellos mismos pudieron ver marcas físicas compatibles con esta denuncia. Consideran que el problema está en los mecanismos de denuncia e investigación, ya que literalmente explican en el informe que “ninguna investigación penal llegó a la fase final de investigación” entre 2014 y 2016. “Si no hay procesos judiciales, añade Rytter, para nosotros no significa que no hay problemas sino más bien lo contrario. Porque si en un centro con más de mil prisioneros no se lleva ningún caso al sistema judicial para ser investigado, eso significa que hay un problema sistémico”.

La mayoría de quejas sobre el sistema penitenciario se dan en el ámbito de los módulos de aislamiento. Y llaman la atención sobre la problemática relación entre internos con problemas de salud mental y su encierro en ese tipo de módulos, con un uso demasiado extendido de inmovilizaciones forzadas (‘Fijación mecánica’) “por días u horas, cuando no debería sobrepasar unos minutos”, según leemos en el informe.

El recurso generalizado a estas inmovilizaciones forzadas (por ejemplo esposar a alguien a una silla o amarrarle a una cama) es otra de las llamadas de atención del informe. Lo preocupante es que no sólo se abusa de ellas -siempre según los expertos del CPT- en las cárceles, sino también en los centros de internamiento de menores. Creen que mantener a alguien en esa posición durante horas, sin poder cubrir sus necesidades fisiológicas, es inaceptable. Interior se defiende diciendo que sigue estrictos protocolos de salud en estos casos. 

Los expertos alaban la colaboración de las autoridades y su predisposición a tratar los temas analizados en el informe, pero creen que la respuesta del gobierno siempre acaba en el razonamiento de que lo que hacen está en línea con la legislación española. “Entendemos que el marco legal español es fundamental, pero a veces ese marco no está en línea con las normas internacionales”, concluye Therese Rytter. “Vemos una respuesta un poco a la defensiva, te dicen que eso es lo que dice la legislación y no lo pueden cambiar, pero claro que pueden hacerlo, como lo han hecho en el pasado”.