Francisco Correa sostiene que Baltasar Garzón es «una víctima» como él de un procedimiento que tiene «más tintes políticos que jurídicos». Sólo admite delitos fiscales y no reconoce que la trama del 3% de pago de mordidas por adjudicaciones y el soborno a políticos del PP sean delito. Garzón fue inhabilitado por el Supremo en 2012 durante once años por haber ordenado escuchas a los abogados y a los detenidos por el caso Gürtel durante su estancia en prisión preventiva.