La tramitación exprés de la reforma del concierto económico de Euskadi y del nuevo cupo han abierto una brecha en las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos, después de que este último haya presentado sendas enmiendas a la totalidad, lo que ha enfadado tanto al PP como al Gobierno vasco. La reforma de la ley del concierto económico vasco y la nueva metodología de señalamiento del cupo para el quinquenio 2017-2021, de 1.300 millones de euros, se hará por el procedimiento de tramitación directa y lectura única, en el pleno del Congreso del próximo jueves, según han aprobado en la sesión plenaria de hoy todos los partidos excepto Cs y Compromís. Ambos proyectos son fruto del acuerdo alcanzado en julio en la Comisión Mixta del Concierto Económico, después de que el PNV apoyara los Presupuestos Generales del Estado para este año. Los nacionalistas vascos también respaldaron luego el techo de gasto para 2018. El debate sobre el cupo llega en un momento en el que aún está pendiente de negociación la reforma de la financiación de las comunidades de régimen común -todas menos País Vasco y Navarra-, lo que ha llevado a Ciudadanos a criticar su «inoportunidad» y a decir que es «injusto, insolidario y sobre todo opaco». Aunque la decisión sobre la lectura única suele hacerse por asentimiento, Cs ha provocado un breve debate previo, en el que su diputado Francisco de la Torre ha tachado de «atropello democrático» esta tramitación, al no permitirse presentar enmiendas parciales ni «tocar ni una coma» a leyes fiscales que «afectan al bolsillo de todos los españoles». Le ha replicado inmediatamente el diputado del PP Leopoldo Barrera, quien ha defendido la legalidad de la tramitación y que ha acusado a Cs de «oportunismo político» y de «populismo fiscal», al sembrar «de modo miserable» la duda entre españoles. También el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha reprochado las «barbaridades» de Cs sobre el cupo y ha considerado que Ciudadanos «no tiene ni idea» de cómo se revisa el régimen foral, que debe ser fruto de un acuerdo entre el Gobierno central y el vasco, que las Cortes Generales pueden aprobar o devolver, pero no modificar. Alba Goveli, de Unidos Podemos, ha reforzado esa línea argumental al señalar que Cs ni siquiera sabe qué es el concierto ni el cupo ni cómo se tramita. Desde Vitoria, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha denunciado que las críticas formuladas en los últimos días contra el cupo pretenden «encubrir» una voluntad de predisponer a la opinión pública española en contra del autogobierno de Euskadi y de sus singularidades. Y esta mañana, en declaraciones a los medios, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha defendido que el cupo vasco es un «hecho diferencial constitucionalmente reconocido» que «hay que proteger». Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha dicho que lo «deseable y conveniente» para Andalucía hubiera sido la discusión conjunta del cupo vasco y de la financiación autonómica. El cupo es la aportación que hace Euskadi cada año a las arcas comunes del Estado por las competencias no transferidas al Gobierno autonómico, como infraestructuras (aeropuertos, puertos, ferrocarriles), defensa y representación exterior, cuya cuantía se determina en leyes quinquenales pactadas por los dos gobiernos. La principal novedad de su revisión es que se fija el cupo base para el año 2017 en 1.300 millones de euros, sin considerar la cantidad derivada de la participación del País Vasco en los créditos presupuestarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El texto determina también los índices de consumo y de recaudación aplicables a los ajustes forales a consumo correspondientes a los impuestos indirectos (IVA e Impuestos Especiales), se mantienen los valores del quinquenio anterior y se introduce en la redacción alguna adaptación técnica para precisar el procedimiento de regularización de flujos correspondientes a los tipos autonómicos del Impuesto sobre Hidrocarburos. Respecto al concierto, se modifican los preceptos relativos a grupos fiscales, al impuesto sobre la electricidad y a la opción de los no residentes para tributar por el IRPF, al tiempo que se adapta la regulación del delito fiscal de acuerdo con el nuevo régimen establecido en el Código Penal. Además, en cuanto al Impuesto de Sociedades y el IVA, se atribuye al País Vasco la competencia sobre sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común y volumen de operaciones superior a 10 millones de euros en el ejercicio anterior, si han realizado en Euskadi el 75 % o más de su volumen de operaciones en dicho ejercicio.