La pobreza energética afecta aún a 4,7 millones de españoles

Madrid

La pobreza energética sigue siendo un problema en España para 4.700.000 personas. Un 10,1% de los hogares tienen dificultades para mantener su casa suficientemente caldeada durante el invierno, según los últimos datos recogidos por Eurostat, referidos a 2016. El número de afectados ha bajado en 200.000 personas desde el año anterior, en que era un problema para el 10,6% de la población. En esta evolución influyen los niveles de renta y los precios de la energía.

A pesar de la mejora estadística, la pobreza energética es una lacra aún para uno de cada ocho hogares en los que vive una sola persona (uno de cada siete hogares con un adulto menor de 65 años, y uno de cada diez con un adulto mayor de esa edad). Pero el colectivo más afectado es el de los hogares monoparentales con niños a su cargo. Sufren pobreza energética uno de cada seis.

La gran novedad de cara al próximo invierno es que por fin hay una norma estatal para proteger a las familias con menos recursos. Pero se limita al consumo eléctrico, a través del bono social, con cambios importantes respecto al anterior.

El coste es sufragado por las comercializadoras eléctricas -en último término por sus clientes- y han de contribuir los servicios sociales municipales o autonómicos si se quiere evitar el corte de suministro a las familias más pobres.

La Administración central no pone dinero. Pero la nueva norma tiene la virtud de que las eléctricas no pueden cortar un suministro sin dar antes a autonomías y ayuntamientos la posibilidad de salir en defensa de los afectados, con unos criterios generales de ingresos máximos para tener derecho a protección. Criterios que las autonomías pueden mejorar, a su costa.

25 y 40% menos

El bono social beneficia ahora a los llamados consumidores vulnerables con una rebaja del 25% en el recibo de la luz. Para tener derecho a ella hay que solicitarlo de forma expresa, estar acogido a la tarifa que regula el gobierno -PVPC- y no haber contratado el suministro en el mercado eléctrico libre. Pueden hacerlo todas las familias numerosas, o las que solo reciban una o más pensiones mínimas. Es preciso solicitarlo.

Para las demás familias se impone el criterio de renta. Cubre a las que ingresen menos de 800 euros al mes en 14 pagas. Los ingresos máximos suben a 1070 euros mensuales si hay un menor, y así sucesivamente si hay más menores o algún miembro de la familia sufre incapacidad o es víctima de terrorismo o violencia de género.

Las familias cuyos ingresos no lleguen a la mitad de los anteriores en cada categoría son considerados consumidores vulnerables severos y se les descuenta un 40% en el recibo de la luz. Los umbrales máximos están 400 euros al mes para una familia sin niños, 540 euros si hay un niño, y así sucesivamente.

Impagos

En caso de impago de un recibo, la comercializadora eléctrica debe comunicárselo al moroso y a la comunidad autónoma correspondiente. El plazo a respetar antes de cortar la luz es de dos meses desde ese momento. Se amplía a cuatro meses si el moroso está acogido al bono social. Y no se le podrá cortar la luz si es consumidor vulnerable severo y "está en riesgo de exclusión". Para acceder a esta tercera categoría de consumidor vulnerable es preciso que al menos la mitad del importe de los recibos sea asumido por los servicios sociales autonómicos o municipales, y así lo certifiquen. En caso de impago el resto del recibo correría a cargo del bono social -del sistema eléctrico- y se evitaría así el corte de la luz a ese hogar sin recursos suficientes.

Consumo limitado

La bonificación en el recibo sólo cubre un consumo limitado. Ya no hay barra libre como en el modelo anterior. Quedan fuera los consumos a partir de determinados niveles, y habrá que pagar por ellos la tarifa normal: Eso rige para los consumos por encima de 100 kwhora al mes para una familia sin hijos, 140 kwh si hay un menor o un pensionista con la pensión mínima. 170 kwh para las familias con dos menores, y 300 kwh para las familias numerosas. La federación de consumidores Facua opina que son límites muy bajos, que no cubren un consumo suficiente y empeoran las condiciones del anterior bono social.

Apoyo autonómico y local

Si hace unos años eran excepción las autonomías con medidas activas frente a este problema, ahora no hay ni una al margen de las políticas paliativas de la pobreza energética. Pero éstas son muy dispares: en los presupuestos destinados a este fin, en los criterios para establecer qué familias han de ser atendidas, en el importe de las ayudas e incluso en los organismos en los que se delega la gestión. En muchos casos hay acuerdos autonómicos o municipales con las eléctricas para proteger a las familias más pobres. El dinero -más allá de la rebaja con cargo al bono social- siempre ha de ponerlo la administración autonómica o local.

Algunas autonomías están adaptando ya esos convenios a los nuevos criterios del bono social, según sus responsables. Pueden mejorarlos, pero -hasta donde sabemos- siempre sería a su costa.