"Hay una revuelta institucional contra Santos para que no aplique el acuerdo"

Madrid

Ha pasado el aniversario de la firma de los acuerdos de paz con las FARC en Bogotá, acompañando al candidato presidencial Rodrigo Londoño Timoshenko, ex líder guerrillero, en una reunión con el presidente Juan Manuel Santos. Enrique Santiago, abogado, asesor legal de las FARC, estuvo presente en todo el proceso de negociación y un año después se muestra preocupado por la evolución de los acuerdos: "La implementación ha coincidido con la campaña electoral y el gobierno se ha quedado sin mayoría en el Congreso porque la coalición que le apoyaba está ya pensando en el nuevo ciclo".

¿Dirías que el presidente Santos se ha quedado solo?

No necesariamente, pero hay una especie de revuelta institucional. La presidencia no tiene mayoría legislativa, como está terminando su segundo mandato y no puede ir al tercero, en EEUU dirían que Santos ya es un pato cojo. Creo en su voluntad para sacar adelante el acuerdo, pero tiene pocas herramientas. Hay muchas instituciones del Estado conjuradas para bloquear el acuerdo.

¿Está haciendo todo lo que que puede?

Si hay que hacer alguna crítica, se puede decir que hasta el momento no ha dado el paso para usar mecanismos extraordinarios constitucionales que permitirían desbloquear el acuerdo, mecanismo como asumir competencias legislativas y gobernar mediante decretos presidenciales, que se han usado en otros procesos como el de la negociación con el M19.

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Un año después, ¿se está cumpliendo lo que se firmó en La Habana?

Veo dos grandes problemas. Por un lado, la falta de implementación de los acuerdos relativos a las causas del conflicto: reforma rural y reforma del sistema electoral. Hablamos de asuntos comos la creación de las instituciones para desmantelar el paramilitarismo o la puesta en marcha de programas de sustitución de cultivos ilícitos.

Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la Justicia para la Paz está siendo modificado por el Congreso, excluyendo a sectores como los civiles o los funcionarios públicos, y tendiendo a convertir la jurisdicción especial en algo orientado sólo a exigir responsabilidad a los antiguos guerrilleros.

¿Por qué es tan importante la fecha del 30 de noviembre?

El acuerdo establecía que un 10 por ciento de todos los acuerdos deben establecerse al año de la firma, y el Congreso aprobó esa firma el 30 de noviembre de 2016. Hoy sólo se ha hecho el 20 por ciento de ese 10 por ciento. Así que todo va a depender de cómo quede el mapa político electoral del año que viene (Colombia celebra elecciones presidenciales y legislativas en los proximos seis meses). Pero al menos antes de que concluya este mes de noviembre, se debe garantizar que todo sea conforme al acuerdo ya firmado.

El tema de la tierra está en el origen, si no se arregla, ¿hay riesgo de que el conflicto vuelva a surgir?

Efectivamente, ha ocurrido así históricamente. El problema es que se han aprobado y legislado los programas de desarrollo rural, pero si no hay tierra para aplicar esos programas, no van a salir adelante. En el acuerdo se establece la entrega de 10 millones de hectáreas de tierras del Estado a los campesinos que no tienen, pero lo que falta a fecha de hoy son las normas para garantizar esa entrega.

¿Se podían prever los problemas que comentas en relación con la Justicia especial para la Paz, dado que fue uno de los puntos más controvertidos del acuerdo?

El acuerdo cuenta con el apoyo de las asociaciones de víctimas y de defensa de los DDHH. Se oponen los sectores que representan a los que históricamente han disfrutado de la impunidad. Los informes de la Fiscalía de la Corte Penal sobre Colombia señalan a esos sectores, de civiles involucardos en el conflicto, paramilitares o funcionarios públicos; sobre la guerrilla apuntan que no ha habido impunidad porque sí se les ha perseguido; y sobre militares y policías admiten también que aunque históricamente han gozado de impunidad en los últimos años sí ha habido más control por parte del Estado.

La bolsa de impunidad que nunca se había tocado era la de los civiles, y eso es pretendía arreglar con esta justicia, que tiene que ser 'especial' porque la ordinaria no está en condiciones, históricamente ha sido incapaz de analizar los delitos de estos grupos

¿Se está ofreciendo una opción de futuro a los mandos medios de la guerrilla?

Las disidencias hasta ahora han sido bajas comparando con los datos que maneja la ONU en otros procesos, que rondan el 20 por ciento. Aquí andamos por al 5 por ciento pero hay tendencias muy peligrosas, derivadas de la falta de implementación de la que estamos hablando. La mitad de los exguerrilleros han abandonado las zonas de adaptación, lo que no quiere decir que se conviertan en disidentes, pero sí suponen un riesgo de desvinculación del proceso.

En un país en el que se saca adelante el proceso de paz conviviendo con un montón de economías ilícitas, si el Estado no es capaz de garantizar un modo de vida a los exguerrilleros, hay riesgo real de que acaben en disidencia, bandolerismo, o delincuencia común. Sorprende la poca inversión que está haciendo el Estado: el total previsto en ayudas directas a los guerrilleros es de 220.000 millones de pesos en dos años, que es lo mismo que se destinaba a la guerra en diez días. Y ya hace un año y medio que se respeta el alto el fuego, con lo que sí hay dinero disponible

También preocupa el asesinato de líderes sociales y exguerrilleros

Hablamos de 140 líderes, 30 exguerrilleros y 11 familiares asesinados. El problema es que no se investiga, están en la más absoulta impunidad. Y está ocurriendo en zonas que han abandonado las FARC pero donde no se han desplegado las Fuerzas de Seguridad. En junio la exguerrilla pidió que se desplegara la policía en esas zonas y el Estado se negó por no discriminar a otras regiones. La guerrilla pidiendo que lleguen las fuerzas de seguridad, lo nunca visto... Y ese espacio lo están ocupando criminales y paramilitaraes, lo que supone un serio problema de seguridad para la población. Es muy preocupante, y lo peor es la Fiscalía General se niega a reconocer que hay unas sistematicidad en esos asesinatos, y alega problemas de amoríos, lindes, riñas de bares…

¿Cómo valoras el salto a la política de las FARC y su participación a partir de ahoa en los procesos electorales?

El principal problema político es la división entre todos los sectores que apoyan el proceso de paz. Los que están en contra del mismo están muy unidos en torno a dos únicas candidaturas, mientras que los favorables tienen hasta diez precandidatos.

Espero que las FARC hagan todo lo posible para conseguir la máxima unidad en la primera vuelta, porque el riesgo es que sólo pasen a segunda ronda los dos candidatos contrarios al proceso es real y eso sería una tragedia. Quizá no desmantelaran el proceso, pero en la práctica no habría la más mínima implementación.

Hacen falta mayorías legislativas en el nuevo ciclo político, y que la presidencia esté alguien comprometido con el proceso de paz, aunque sea de derechas, que también los hay. El escenario político está muy abierto, no se puede decir quién va a ganar, pero creo que a poco que se explique, no es tan difícil que el próximo ciclo esté gobernado por gente favorable al proceso de paz.

Pero más allá de las opciones políticas, hay también muchas dudas en la calle. Algunas encuestas señala hasta un 70 por cien de rechazo

Creo que no se puede decir que haya rechazo de la sociedad, sí lo hay por parte de un sector con mucho poder político que hace mucho ruido. La últimas encuesta de opinión en Colombia daba como la fuerza políticas más valorada a las FARC, aunque tuviera poco apoyo, lo cual dice mucho sobre cómo se ve a la clase política tradicional en Colombia

¿Dirías que La paz en Colombia es por tanto inevitable?

Desde luego, las FARC no van a retomar las armas, es irreversible. Pero todos estos problemas pueden influir otros procesos, como el que está en marcha con ELN, y lo que está ocurriendo no parece muy estimulante. El problema no es que las FARC vuelvan a las armas, sino que como ha ocurrido otras veces, en algunos años vuelva a surgir un levantamiento campesino.

Lo más doloroso es que el acuerdo no suponía ninguna revolución castro chavista, eran unos mínimos parámetros de modernización del país, con una reforma agraria menos avanzada que otras, y una modernización del sistema electoral que acabe con el caciquismo. El Estado está perdiendo una ocasión quizá histórica de modernizar las estructuras de un país, que aparece en la segunda posición del índice de desigualdad en Latinoamérica que elabora la ONU.