España podrá juzgar al inductor del asesinato del jesuíta Ellacuría

Madrid

El coronel Montano se equivocó al pensar que podría refugiarse en Estados Unidos de la orden de busca y captura dictada desde España como presunto inductor de la matanza de los Jesuitas en la Universidad de El Salvador. La Justicia norteamericana ordeno su detención en 2011, tras ser condenado por fraude inmigratorio, pero no le dejo en libertad pendiente de la extradición a España que finalmente fue aprobada por la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que identifica como el militar extranjero de mayor rango en haber sido extraditado desde Estados Unidos por violaciones de derechos humanos en la historia reciente del país.

La magistrada Kimberly Swank del Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que la prueba demostraba “que (Montano) tomaba las decisiones y era miembro de un grupo de oficiales que colectivamente ordenó la ejecución […] de los padres jesuitas”.

Por estos cargos, el juez español, Eloy Velasco proceso al viceministro de seguridad pública y miembro del Alto Mando del ejército salvadoreño en 1989, quien se enfrenta a cargos de asesinato y terrorismo por su responsabilidad en la masacre de seis padres jesuitas, su empleada de hogar y la hija de ésta, en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA).

Montano planificador

Según el abogado Manuel Olle, Montano participo en las reuniones donde se planifico el asalto a la universidad planificación en donde fueron asesinados los padres jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amado López, y Joaquín López y López, su empleada de hogar Julia Elba, y de la hija de esta de 15 años de edad, Celina Ramos.

Juicio en 2018

La llegada de Montano a España marca el inicio de la fase de juicio en la Audiencia Nacional que podría celebrarse en la primavera de 2018. Un juicio que, tras 28 años de impunidad, garantiza los derechos de verdad y justicia a los familiares de las víctimas y reconoce, de nuevo, a los tribunales españoles la jurisdicción para investigar y enjuiciar el crimen bajo el principio de jurisdicción universal.

El Salvador no investiga

En noviembre de 2008, Almudena Bernabéu, co-fundadora del Grupo Guernica, y la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, representada por el abogado Manuel Ollé, presentaron en nombre de los familiares de las víctimas una querella ante la Audiencia Nacional de España contra los autores y partícipes de la masacre. Esta querella constituyó el último resorte para que los familiares de los asesinados y los jesuitas, a través el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en El Salvador, obtuvieran justicia. Hasta entonces, la existencia de una ley de amnistía general aprobada en 1993 y la absoluta falta de voluntad de los tribunales salvadoreños impidieron la investigación y el enjuiciamiento de la masacre. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador denegó la detención y entrega de los querellados a las autoridades españolas.

Periplo norteamericano

Los querellantes en la causa pudieron localizar al coronel Inocente Orlando Montano en Estados Unidos, donde residía en el momento de dictarse el auto de procesamiento, por lo que se solicitó su detención internacional con fines de extradición y fue detenido por las autoridades de Estados Unidos. Tras ser condenado por fraude inmigratorio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acordó su extradición a España y en febrero de 2016 la magistrada Kimberly Swank firmo el decreto de entrega. La defensa de Montano presentó una solicitud de habeas corpus que fue rechazada por el juez federal Terrence Boyle en agosto de 2017 y tras interponer los pertinentes recursos, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó la suspensión de su extradición a España.

Esperanza

Almudena Bernabéu, reconoce que: “La llegada de Montano a España y un juicio de esta naturaleza representa esperanza no solo para los familiares sino para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidos durante la guerra civil en El Salvador. Es además un paso decisivo en la necesidad de que jurisdicciones nacionales como la española se involucren de nuevo en la lucha contra la impunidad por crímenes internacionales. La posibilidad de verdad y justicia que un juicio como este arroja para El Salvador, aunque sea en España, es incuestionable y es lo que siempre hemos deseado. Esperamos que este juicio aporte al necesario debate sobre el estado de la justicia en el Salvador, aliente a las víctimas y contribuya a garantizar un futuro con justicia”.

El letrado Manuel Ollé mostró “su satisfacción por el funcionamiento efectivo de la cooperación judicial entre España y los Estados Unidos porque supone un reconocimiento de que estos crímenes internacionales no pueden permanecer en la impunidad y porque las víctimas directas y los familiares de estos atroces hechos verán colmadas su necesidad de justicia, gracias a la aplicación del principio de jurisdicción universal en España. De esta forma la justicia española hoy también es justicia salvadoreña”.