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Audiencia Nacional

ADADE recurre la norma de la Audiencia que dio el 'cambiazo' al tribunal de la caja B del PP

En un escrito, la asociación ADADE recurre la decisión de la Sala de Gobierno de la Audiencia que aprobó unas nuevas normas que han supuesto apartar al juez Julio de Diego que forzó la declaración de Rajoy en el juicio central de Gürtel.

Con estas normas, el juez progresista José Ricardo de Prada ya no será el ponente de la sentencia en el juicio sobre la contabilidad B del PP.

Imagen de la fachada de la sede del PP.EFE

Madrid

En un escrito  dirigido a la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional , al que ha tenido acceso la cadena SER, la asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) recurre ante el Consejo General del Poder Jucidicial y ante la Sala de Gobierno de la Audiencia como perjudiciada por las normas de reparto aprobadas y que han supuesto cambiar la composición del tribunal que juzgará la presunta financiación ilegal del PP.

Con el cambio se aparta, por un lado al juez Julio de Diego, que forzó la declaración como testigo del presidente Mariano Rajoy en el juicio central de Gürtel. Y al maistrado progresista José Ricardo de Prada como ponente de la sentencia en el juicio sobre la caja B del PP.

En el recurso de reforma contra la providencia de la Audiencia, ADADE, la acusación popular que lleva más tiempo personada en el caso Gürtel, pide al CGPJ el acuerdo de la Sala de Gobierno y que se le dé traslado de la documentación con la que se tomó esta decisión y acceso al expediente completo. Entre otros , las actas de las reuniones del pasado enero y noviembre de 2017, la providencia del pasado 3 de abril y la propuesta de la Presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, la magistrada conservadora Concepción Espejel, recusada por su afinidad al Partido Popular.

ADADE ha presentado recurso por cada una de las piezas en las que se dividió la causa principal y donde está personada, además de los denominados `papeles de Bárcenas', en la pieza de Boadilla, Jérez y Aena. En la primera se juzga una década de irregularidades en la localidad madrileña con el exalcalde Arturo González Panero al frente; en la segunda la concesión irregular de contratos para el 'stand' de la localidad gaditana en Fitur en 2004 y en la tercera los contratos que el gestor público de aeropuertos concedió a las empresas de Francisco Correa.

 
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