Perú echa atrás la ley que podría dejarle sin Mundial
El proyecto de ley estaba siendo investigado por la FIFA, que veía ciertas injerencias estatales en el fútbol
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Un año de sanción al peruano Paolo Guerrero por positivo de cocaína / GERMAN FALCON EFE
El Congreso de Perú retiró el proyecto de la Ley General de Deporte que tramitaba desde junio pasado, después de que la FIFA advirtiera que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) podía ser sancionada por injerencias estatales. Entre las sanciones a las que se exponía la FPF está una eventual suspensión, según la carta de la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, remitida al máximo órgano del fútbol peruano el 23 de noviembre y publicada este martes por el diario Correo.
El proyecto de ley fue retirado por su propia promotora, la congresista fujimorista Paloma Noceda, quien había advertido anteriormente de que su iniciativa legislativa no sería obstáculo para que la selección peruana participara en el Mundial de Rusia 2018. La FIFA detectó cinco puntos de la norma que podían contravenir sus reglamentos, entre ellos las "excesivas facultades fiscalizadoras" e "inadecuado intervencionismo" del Instituto Peruano del Deporte (IPD), dependiente del Ministerio de Educación.
El máximo organismo del fútbol mundial lamentó que el proyecto de ley permitiera al IPD dirigir el desarrollo del deporte en el país, incluido el fútbol, lo que a su criterio reduciría el margen de actuación, planificación y organización de la FPF. Recordó además que todos los recursos, tanto públicos como privados, están sujetos a auditorías internas y externas, sin necesidad de injerencia de terceros, y criticó a los congresistas peruanos por considerar los recursos privados como públicos a efectos de fiscalización por parte de las entidades estatales.
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La FIFA también observó que había una delimitación de los integrantes de la asamblea de bases de las federaciones deportivas y "excesivos requisitos" para ser miembro de la junta directiva. Tampoco dio su visto bueno a que la norma estableciera los límites de mandato de los directivos, cuyos plazos defiende que sean determinados dentro de los propios estatutos de las federaciones.
