El Congreso apela a la lealtad institucional del poder judicial en la polémica por los informes de la caja b

En el escrito firmado por el presidente de la comisión de investigación sobre la financiación del PP, Pedro Quevedo, se lamenta la tardanza de la Audiencia Nacional en responder a los requerimientos de documentación del Congreso, así como haberse enterado antes por los medios de comunicación que por una notifiicación oficial de la negativa a remitir los citados informes policiales incluidos en el sumario, una decisión sin apenas precedentes y que ha abierto un conflicto institucional. 

Además, la comisión muestra su desacuerdo con esa negativa aludiendo a la lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre el poder judicial y el legislativo, teniendo en cuenta además que el reglamento del Congreso garantiza el carácter secreto de los datos o informe facilitados a las comisiones de investigación si ello fuera necesario.

El escrito señala que si se cierran esos cauces de cooperación leal entre ambos poderes quedará compretido el ejercicio de las competencias que la propia Constitución otorga al Congreso de los Diputados a través de sus comisiones de investigación parlamentarias.