El Tribunal de Cuentas fiscalizará por primera vez a la Iglesia Católica en 2018
El organismo irá más allá de la fiscalizacion del 0,7% del IRPF y auditará cualquier partida de gastos e ingresos de la Iglesia Católica así como del resto de confesiones religiosas
El acuerdo está incluido en el plan de fiscalizaciones para 2018 y auditará el ejercicio 2017
Kaveh Kazemi (Getty Images)
Madrid
E l Tribunal de Cuentas ha aprobado en el pleno de este jueves incluir en el de plan de fiscalizaciones para 2018 la financiación de la Iglesia Católica española. La votación se ha producido sin debate y por unanimidad, a excepción de otras ocasiones cuando la propuesta causó polémica y fue rechazada con los votos de los consejeros del PP.
Según el acta del pleno, según ha podido saber la cadena SER, el tribunal ha aprobado la fiscalizaciones de las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado en materia de cooperaciones económicas con las confesiones religiosas a través de los programas de ingresos y gastos de los Presupuestos Generales del Estado en el ejercicio 2017.
Con esta propuesta el tribunal va más allá de la iniciativa debatida en el Congreso de los Diputados y rechazada con los votos del PP. Esta consistía en que los fondos que recibe la Iglesia Católica del Estado a través de la casilla del 0,7% de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta pudieran ser fiscalizados por el tribunal. Hoy, los consejeros lo han extendido y la auditoría abarcará cualquier ingreso y gasto en las cuentas de la Iglesia y el resto de confesiones (judíos, evangélicos y musulmanes). Entre las partidas a fiscalizar, estarán incluidas las subvenciones y cualquier tipo de ayuda pública.
Cronología del rechazo del PP
Se trata de un acuerdo relevante ya que los consejeros a propuesta del PP bloquearon la iniciativa hace un año y tampoco pudo salir adelante en el Congreso. En el primer caso, durante el último pleno de diciembre de 2016 el Tribunal de Cuentas intentó ya incluir a la Iglesia en el programa de fiscalizaciones de 2017. Finalmente, la propuesta se tumbó con el rechazo de los siete consejeros del Partido Popular.
Los socialistas lo intentaron entonces vía parlamentaria. El PSOE registró en la comisión mixta del Congreso-Senado una iniciativa para intentar forzar al tribunal a incluir la auditoría de los fondos destinados por los contribuyentes a financiar a la Iglesia a través de la aportaciones del 0,7% en la casilla del IRPF de la declaraciones de la Renta. Podemos y Ciudadanos votó a favor, la propuesta consiguió entrar en el orden del día, pero finalmente no consiguió salir adelante debido al voto en contra del PP, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y la ausencia del PDeCAT.
Control y transparencia
El diputado Antonio Hurtado, portavoz socialista en la comisión mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, subraya "la importancia de aceptar esta iniciativa después del rechazo permanente por parte del tribunal a incluir a las confesiones religiosas en sus planes de fiscalización en años anteriores y que incluso dieron lugar a votos particulares de consejeros del Tribunal de Cuentas".
En principio se llevará a cabo una actuación bianual entre el 2018 y 2019 en el plan de actuación para 2018. Lo que significa "incorporar a la Iglesia Católica al proceso de transparencia y control. Las confesiones religiosas son benecifiarias de recursos públicos y no podíamos admitir desde el Congreso que no se sometiesen a fiscalización" asegura el diputado socialista.
A día de hoy, y según lo establecido por el Concordato con la Santa Sede del 58 con el acuerdo de financiación de 1979, la Iglesia Católica únicamente aporta una memoria anual. "Es una memoria poco explícita donde se define la distribución territorial de los recursos pero sin los detalles necesarios" apunta Hurtado.
Según este acuerdo, la Iglesia es beneficiaria del 0,7% del IRPF que anualmente alcanza en torno a los 250 millones de euros. Además de exenciones fiscales en prácticamente la totalidad de los impuestos que existen en nuestro país.
Entre las bonificaciones destacan el impuesto de valor añadido, el de sociedades; los gestionados por las comunidades autónomas como es el de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; y de los ayuntamientos, entre ellos, el Impuesto de Bienes Inmuebles y el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO). Para Hurtado, "es necesario cuantificar el valor económico de estas bonificaciones fiscales y los convenios en materia educativa, sanitaria, etc.incluído el 0,7% del IRPF".
Cada año, el organismo fiscalizador aprueba el programa de actividades para el próximo ejercicio. Además de incluir aquellas fiscalizaciones a las que está obligado por ley y aprobadas por las Cortes, se suman las actuaciones a iniciativa propia. La fiscalización de las confesiones religiosas forma parte de un centenar de actuaciones que los consejeros llevarán a cabo en 2018.
