La Fiscalía estrecha el cerco a la imputación de Gallardón por la compra de Inassa

  • Anticorrupción pide la "completa" identificación de los miembros del Gobierno de Alberto Ruíz Gallardón que firmaron la compra de la filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica, Inassa, en 2001.
  • El Ministerio Público solicita además imputar a los consejeros de Gallardón, Pedro Calvo y Juan Bravo, junto a una veintena de implicados en la operación.

La Fiscalía estrecha el cerco a la imputación de Gallardón por la compra de Inassa /

En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, Anticorrupción recoge una amplia cadena de irregularidades en el desembarco del Canal de Isabel II en Latinoamérica, a través de compra en 2001 de su filial en Colombia, Inassa. Una operación con "claros indicios" en la sobrevaloración del precio, "sin cobertura y autorización", utilizando una compleja estructura societaria en los paraísos fiscales de Panamá y Uruguay y aprobada por el Consejo de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Alberto Ruíz Gallardón.

La Fiscalía profundiza en su escrito en el proceso de adquisición y compra del Canal de Isabel II del 75% de Inassa por 73 millones de dólares. La operación se firmó el 13 de diciembre de 2001. Lo hizo Canal Extensia, empresa vehículo para comprar Inassa junto al socio minoritario, TECVASA, adquiriendo ambas el 75% y el 25% de las acciones de Inassa.

En el relato del posible desfalco que hace la Fiscalía, señala cómo la operación se autorizó formalmente en el consejo de administración del 14 de noviembre de 2001 y seis días antes ya se había concedido el aval bancario para adquirir Inassa y se había redactado el acuerdo de compraventa de acciones de la sociedad panameña creada para canalizar los intereses de los empresarios implicados en la operativa.

El acta levantada en el consejo, según la Fiscalía, no hacía referencia a la sociedad panameña, sin embargo, sí en el dossier entregado a los consejeros donde incluso desaconsejaba comprar Inassa mediante esta empresa.

Finalmente, el 29 de noviembre de 2001 se dictó acuerdo por parte del Gobierno de Madrid autorizando al Canal a crear Extensia y desembolsar los 73 millones de euros. Este acuerdo está firmado por Ruíz Gallardón y el exconsejero de Hacienda, Juan Bravo y que la Fiscalía pide aportar a la causa de manera urgente.

"Cúmulo de irregularidades"

Y a partir de aquí comienza el entramado accionarial por territorios offshore. En el 75% del capital de Inassa estaba oculto el 51% de una sociedad dominicana, WATCO SA. La compra no fue directa, “se utilizó una sociedad interpuesta en un paraíso fiscal, ya que lo que compraron en realidad fue una sociedad panameña Sociedad de Aguas de América SA (SAA), propietaria de las acciones de INASSA y WATCO que finalmente se transfieren a Canal Extensia. Una jugada empresarial que no se recogía “ni expresa, ni tácitamente” en las normas de la empresa pública.

“En definitiva”, concluye la Fiscalía en este punto, “el resultado de la investigación practicada hasta este momento evidencia la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición” de Inassa, así como en la “determinación del precio de compra, existiendo claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para los intereses públicos por los que el Canal debió velar, al haberse financiado la operación con fondos públicos de la Comunidad de Madrid”.

Gallardón, parte del acuerdo

La Fiscalía, en la reconstrucción que hace de la compra de Inassa, coloca a Gallardón en el acuerdo de adquisión y pide la "completa identificación" de los miembros del gobierno de Gallardón que firmaron la operación de compra y la documentación sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno del 29 de noviembre de 2001, incluida el acta de la reunión en la que adoptaron el acuerdo.

Además es clave que se aporta también "testimonio de la totalidad de la documentación que se le trasladó a los miembros del Consejo para valorar la operación y, consecuentemente, sustentar su decisión, especificando claramente si se les trasladó el mismo dossier de documentación" que aprobó el Canal. El ministerio Público pide dar un plazo máximo de 10 días a la Comunidad de Madrid para que aporte de manera urgente una documentación que considera "esencial".

Diligencias "imprescindibles"

De la amplia batería de diligencias, el Ministerio Público ve imprescindible citar como imputados a 14 personas, entre ellos, varios exaltos cargos cercanos al exministro, como el entonces presidente del Canal de Isabel II, Pedro Calvo, el exconsejero de Hacienda Juan Bravo o el entonces director gerente del Canal, Arturo Canalda. 

A la Comunidad de Madrid y al Canal solicita la entrega de nueva documentación “de forma urgente” y en el plazo de 10 días en una investigación de evidente "complejidad" que necesita ser impulsada "al encontrarse en una fase muy incipiente". De hecho, hasta la fecha, no se ha analizado la documentación incautada en las actuaciones tras las entradas y registros practicados en abril de 2017.

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