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El Congreso cierra 2017 como uno de los años con menos leyes de toda la democracia

La minoría parlamentaria del Gobierno y la parálisis provocada por la crisis en Cataluña mantiene bajo mínimos la actividad legislativa con sólo 13 leyes aprobadas en 2017. El Ejecutivo de Rajoy logra mantener a flote sus leyes más polémicas recurriendo al veto presupuestario y a la prórroga en la fase de enmiendas. En 2017 batió el récord histórico vetando 45 proposiciones de ley de la oposición. Hay reformas legales como la de la Ley Mordaza, la suspensión de la LOMCE o la subida del Salario Mínimo Interprofesional por encima del incremento acordado por el Gobierno que acumulan casi un año de prórrogas

Imagen de archivo del Congreso de los Diputados vacío /

Las Cortes despiden  2017 con tan sólo trece leyes aprobadas, un balance legislativo tan pobre que sólo ha sido superado a la baja en dos años electorales, 2004 y 2008, cuando las Cámaras estuvieron disueltas tres meses por la cita con las urnas, y en 2016, con un Gobierno que estuvo en funciones casi todo el año. Frente a la escasa producción legislativa del Congreso, el Ejecutivo gobierna a golpe de Decretos Ley, en el año que acaba de terminar se han aprobado 19, más que leyes.

La situación resulta paradójica porque la actividad en el Congreso en el año que acaba de terminar ha sido frenética, con dificultades diarias para encajar horarios y sesiones de trabajo: nunca ha habido tantas comisiones y subcomisiones de estudio, o comisiones de investigación, pero casi nada de lo que se aprueba acaba siendo vinculante para el Gobierno que, pese a su minoría parlamentaria, sigue capeando el temporal y de momento mantiene intacto su legado legislativo sin que la oposición haya conseguido revertir una sola de sus normas más polémicas, aprobadas cuando el PP tenía mayoría absoluta.

Récord de vetos del Gobierno

Además de la parálisis provocada por la crisis en Cataluña, uno de los motivos de los escasos réditos legislativos de 2017 ha sido el ejercicio del veto presupuestario. Durante el pasado año el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha vetado 45 proposiciones de ley de la oposición, impidiendo de este modo su admisión a trámite, bajo el argumento de que suponen un incremento de gasto o una reducción de ingresos. Se trata de una prerrogativa constitucional aunque la oposición denuncia que el Gobierno está haciendo un uso abusivo y arbitrario de esa capacidad de veto presupuestario.

Esta práctica reiterada nunca había sido tan aplicada como ahora en democracia y ha supuesto que el Congreso ni siquiera pueda entrar a debatir cuestiones para las que había un previsible respaldo parlamentario de la oposición, es el caso de la subida de las pensiones, la ampliación de los permisos de paternidad para equipararlos a los de maternidad, el incremento de la prestación por hijo a cargo, la supresión de las tasas judiciales, el cierre progresivo de las centrales nucleares o la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública.

El Gobierno argumenta que está en su derecho de hacer uso de una prerrogativa constitucional y alega que, de haberse aprobado todas esas iniciativas legislativas de la oposición, habrían costado a las arcas públicas más de 30.000 millones de euros, lo que supondría un 3% del PIB.

Un año de prórrogas de enmiendas

Al margen de los vetos, la parálisis legislativa en el Congreso obedece también a la demora continuada en la tramitación de iniciativas que sí han sido admitidas a trámite pero que se quedan congeladas en el cajón mediante la prórroga sucesiva del plazo de enmiendas. Una maniobra dilatoria que en casos como la suspensión del calendario de implantación de la LOMCe o la subida del Salario Mínimo Interprofesional, cuya toma en consideración se aprobó en el pleno del Congreso en diciembre de 2016, alcanzan ya un año de retraso, con 38 y 37 prórrogas de enmiendas, respectivamente. Se da la circunstancia de que el Congreso aprobó hace más de un año una proposición de ley impulsada por Unidos Podemos para subir en 2018 el SMI hasta los 800 euros, una tramitación que permanece aparcada mientras el Gobierno ha aprobado recientemente una subida bastante inferior para este año, 736 euros.

En situación parecida, sin avance alguno en su tramitación parlamentaria, permanecen otras iniciativas como la reforma de la ley de Secretos Oficiales, pendiente desde febrero de 2017. Desde marzo aguarda la reforma de la justicia universal y la prohibición de indultar a condenados por corrupción o por violencia machista, y aparcada desde abril permanece la derogación de la ley Mordaza, una de las leyes más polémicas aprobadas por el PP cuando tenía mayoría absoluta. El Congreso tampoco ha avanzado en la derogación del plazo máximo en la instrucción de la ley de Enjuiciamiento Criminal, ni en la modificación del Código Penal, ni en la regulación de los lobbies ni tampoco en la proposición de ley impulsada por el parlamento del País Vasco que pide un fondo de compensación para víctimas del amianto o la reforma de la ley electoral para garantizar el derecho al sufragio sin discriminación a todas las personas con discapacidad.

También desde abril y con 27 prórrogas de enmiendas acumulada permanece la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el CERMI para modificar los copagos en dependencia.

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