Últimas noticias Hemeroteca

Los técnicos desmontan los argumentos del fiscal para imputar a la cúpula de Gallardón en el Canal

Los profesionales que idearon en 2001 la compra de Inassa defienden con documentos la limpieza y rentabilidad de una operación que Ignacio González puso bajo sospecha

Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de archivo /

El juez del caso Lezo, que investiga una trama supuestamente corrupta encabezada por el expresidente madrileño Ignacio González, interrogará en los próximos días a todos los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que en noviembre de 2001 aprobaron por unanimidad la compra por 73 millones de dólares del 75% de Inassa, una empresa privada dedicada a la distribución de agua en Colombia y otros países de Latinoamérica.

El magistrado intentará aclarar si esa operación supuso un quebranto económico para las arcas de la Comunidad de Madrid y, como sostiene la Fiscalía, un desvío de fondos públicos por 66 millones.

Algunas de las personas citadas a declarar como imputadas pertenecían en 2001 al Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), como Juan Bravo, hoy presidente de Adif y entonces recién nombrado consejero de Hacienda -llegó al consejo de administración del Canal un mes y medio antes de aprobar la operación ahora investigada-. Entre los imputados también hay representantes de PSOE -quien fuera durante muchos años presidente del Canal de Isabel II y consejero de Presidencia, Agapito Ramos-, de IU, de CSIF y de UGT. El magistrado instructor intenta determinar si los hechos tienen alguna relevancia penal y, de tenerla, quienes son los responsables.

Las primeras sospechas sobre una compra fraudulenta de Inassa en 2001 surgen 15 años después de los hechos, a finales de 2016, cuando la guardia civil, en el curso de una investigación judicial secreta a Ignacio González, graba una conversación de quien fue mano derecha y sucesor de Esperanza Aguirre con el exministro y expresidente autonómico Eduardo Zaplana.

En aquellas fechas –finales de 2016-, González ya contaba a su círculo de confianza o de negocios la situación desesperada que vivía al sentirse acorralado por la justicia. El nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Cristina Cifuentes (PP), había presentado en verano de ese año una denuncia en Anticorrupción por una ruinosa operación en Brasil del Canal de Isabel II en la que se habían perdido 25 millones de euros.

La Guardia Civil graba, en ese contexto y con mandato judicial, el desahogo de González ante Zaplana: "Alberto (Ruiz-Gallardón), su gente, compraron una sociedad que no valía ni 30 millones de dólares por 100, con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad en Colombia y compraron una sociedad en Panamá. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II (...) Yo no soy como esta gilipollas que me ha sustituido. Yo me encontré a alguien muerto y dije o reventamos esto y es un escandalazo o tratamos de arreglarlo. Y tratamos de arreglarlo. Yo tengo todavía un dictamen de Cuatrecasas sobre toda la operación que no te puedes imaginar".

Esa conversación abrió una nueva línea de investigación en el caso Lezo que afectaba al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, aunque en las palabras del expresidente madrileño González había muchas mentiras, según se ha comprobado ahora.

  • El Canal de Isabel II adquirió Inassa en diciembre de 2001 cuando Alberto Ruiz Gallardón presidía la Comunidad de Madrid, pero nunca pagó 100 millones de dólares sino 73 millones.
  • Nadie tasó esa sociedad en menos de 30 millones.
  • La autorización del Consejo de Gobierno fue para un crédito de 51 millones con el que comprar Inassa; el permiso autonómico no determinó ni impuso el lugar de la compra.
  • Nunca hubo un crédito del Banco Mundial de Desarrollo ni tampoco un aval del Canal de Isabel II. El préstamo de 51 millones lo concedió el BBVA sin necesidad de avales porque a esta entidad le pareció suficiente conocer las cuentas de la sociedad que se iba a comprar, Inassa, como garantía del cobro del crédito.
  • El Canal pagó 19 millones de sus fondos propios; el resto pertenecía al crédito solicitado al BBVA que Inassa devolvió con los beneficios que generaba.

Los fiscales encargados del caso Lezo tiraron del hilo de aquella delación tóxica de González y sacaron sus propias conclusiones, que fueron detallando al juez en distintos escritos.

Esas conclusiones, que han llevado al magistrado instructor a citar como imputados a todos los consejeros del Canal de Isabel II que aprobaron en diciembre de 2001 la compra de Inassa, han sido desmentidas o rebatidas por los técnicos que intervinieron en la operación desde su origen. Esos técnicos que participaron en los hechos, del Canal y de otras compañías, comparecieron durante horas en la Asamblea de Madrid, donde también se investiga esta compra.

Las diferencias entre la versión que detallan los fiscales en sus escritos, salpicada de suposiciones, y la que explican los técnicos del Canal, que han manejado documentación oficial de la operación en sus intervenciones parlamentarias, son abismales.

Desvío de 66 millones de euros

"Sospechosamente", escribe la Fiscalía, "la sociedad Aguas de Barcelona vendió en 2000 sus participaciones en la sociedad Inassa a la sociedad Aguas de América". Aguas de Barcelona cobró por aquella venta siete millones. En diciembre de 2001, el Canal de Isabel II compra Inassa por 73 millones. Y la Fiscalía señala: "Esta doble venta pudo generar a los denunciados en el espacio temporal de un año una ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid de 66 millones de euros".

Se trata de una operación matemática sencilla pero engañosa. Si Aguas de Barcelona vendió Inassa por siete millones en 2000, y el canal de Isabel II compró en diciembre de 2001 por 73 millones, basta una resta para concluir que el desvío es de 66 millones. Una tesis parecida al lamento de Ignacio González en su conversación con Zaplana: "compraron por 100 millones algo que no valía ni 30".

Los hechos son muy distintos.

Salvador Cardona, exdirectivo de la empresa privada Tecvasa que se asoció con el Canal de Isabel II para comprar Inassa, explicó así a los diputados madrileños los errores de cálculo de la Fiscalía: "Aguas de Barcelona tenía un 20% de Inassa y lo vendió en 2000; el Canal de Isabel II compra a finales de 2001 un 75% de Inassa. Además, cuando Aguas de Barcelona vende su parte, Inassa tenía un negocio para explotar Barranquilla hasta 2013 a través de la Triple A. Desde que Aguas de Barcelona se va hasta que el Canal de Isabel II compra Inassa, se amplía la concesión de Barranquilla 20 años más. A cualquiera que esté en el sector, imagínate lo que valen 20 años más de concesión de una capital que, como mínimo, es más grande que Valencia. Pero es que, además del negocio de Barranquilla, cuando el Canal de Isabel II compra Inassa, esta sociedad tiene además la empresa de Ecuador, la de Dominicana, la de Metroagua y acaba de firmar un contrato con Venezuela por 30 millones de dólares".

La comparación entre la venta que hace Aguas de Barcelona de su 20% de Inassa en el año 2000 por 7 millones y la compra que hace a finales de 2001 el Canal de Isabel II por 73 millones es manifiestamente engañosa y sólo conduce a un error grueso a la hora de evaluar si hubo o no sobrevaloración de la empresa.

La empresa privada Aguas de Barcelona vendió un trozo pequeño (20%) de un negocio por 13 años, y el Canal de Isabel II compró un trozo enorme (75%) de ese mismo negocio por 33 años y, además, otros cuatro negocios más.

Sobrevaloración del precio de compraventa

"Existen claros indicios de que hubo una sobrevaloración del precio de compraventa claramente perjudiciales para el comprador y por ende para los intereses públicos por los que el Canal de Isabel II debió velar", escribe la Fiscalía.

José Antonio de Cachavera y Pablo López de las Heras, extécnicos del Canal de Isabel II y gestores de la operación –uno como subdirector de Nuevos Negocios y el otro como director económico y de desarrollo comercial-, explicaron en el parlamento regional el origen, nudo y desenlace de la compra de Inassa.

Los propietarios de la empresa colombiana de aguas deciden en 2001 poner a la venta el 75% de las acciones, cuya propiedad tienen a través de una sociedad domiciliada en Panamá. Para esta iniciativa contratan al Banco de Inversión Norteamericano Rothschild, que cursa distintas invitaciones a empresas del sector (dos estadounidenses, una francesa, una italiana y el Canal de Isabel II) para que presenten sus ofertas.

Rothschild envía a todos los invitados su propio informe de valoración: el 75% de Inassa costaría 97 millones de dólares. El Canal de Isabel II se interesa por la compañía, manda a sus técnicos a Colombia, hacen su estudio y cifran el valor de Inassa en 87,6 millones de dólares. Por último, la empresa privada valenciana Tecvasa, que se asocia con el Canal de Isabel II para quedarse con un 25% del paquete de acciones, encarga a los consultores de CAP-AFI un estudio sobre el valor de la sociedad en venta que arroja un resultado de 94 millones.

El precio final fue 73 millones, lo que supone 24 millones de dólares menos del fijado inicialmente por la banca de inversión que dirigía la operación de venta de Inassa.

De esa cantidad, tan sólo 19 millones salieron de fondos propios del Canal. Otros 51 corresponden al préstamo concedido por el BBVA, devuelto hace cinco años, con los propios beneficios de Inassa, sin utilizar un euro del Canal de Isabel II.

El exdirector económico del Canal, José Antonio de Cachavera, no entiende las sospechas sobre una supuesta sobrevaloración de Inassa: "Si yo tengo una empresa que vale 10 y usted me la va a comprar por 100, y usted y yo nos repartimos 45 para usted y 45 para mi. ¿Vale? Somos unos golfos. Pero cuando uno paga el precio justo, incluso paga un precio muy duro, no hay para repartir, y esta empresa está bien comprada (...) No, nunca, jamás se pagaron comisiones. Hubiera sido absolutamente innecesario".

El Fiscal sostiene que los técnicos del Canal que se desplazaron a Colombia para hacer su estudio se basaron en las valoraciones efectuadas previamente por los asesores contratados por TECVASA y Rothschild, que supuestamente eran parte interesada para sobrevalorar la compañía.

No hay ningún dato que pueda acreditar ese hecho, más bien al contrario a juzgar por las cantidades que propone cada uno de los informes. El del Canal de Isabel II es casi 10 millones inferior al que efectúa Rothschild. El directivo de TECVASA niega cualquier amaño: "Tienen que haber engañado a los técnicos del Canal, que me consta que son gente preparada, y tienen que haber engañado a nuestros asesores de CAP-AFI, que son economistas, los tres, son doctores de Economía de la Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid, y uno de ellos es el director de banca on line en Caixa Bank".

El quebranto del erario público

La operación, presentada por la Fiscalía como muy perjudicial para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid, ha resultado especialmente rentable. Hasta el punto que uno de los técnicos del Canal de Isabel II que propuso la compra, Pablo López de las Heras, saca esta conclusión: "Se puede explicar con hechos que la compra de Inassa económicamente es una de las operaciones más ventajosas que se han hecho en los últimos 20 años en el sector del agua en el mundo".

Los hechos demuestran que, 16 años después de adquirir la compañía por 73 millones de dólares, de los que 51 correspondían a un préstamo del BBVA pagado por Inassa de sus propios beneficios, el Canal ganó cerca de 60 millones de euros en dividendos que repartió la sociedad colombiana.

Además, el Gobierno de Cristina Cifuentes ha decidido ahora vender Inassa y las valoraciones más moderadas estiman que el precio puede estar entre 160 y 200 millones de euros.

El fin de esta aventura empresarial es, según los técnicos, muy positivo: por una inversión directa de 19 millones de euros (el resto que pidió prestado lo pagó Inassa de sus propios beneficios), el Canal habrá obtenido al menos 60 millones de beneficio directo por reparto de dividendos en estos años y, caso de venderse la compañía por el valor que todos los expertos le suponen, otros 200 millones.

El pago en Panamá

La Fiscalía sostiene en su escrito que "se utilizó una sociedad interpuesta residenciada en un paraíso fiscal ya que lo que se compró en realidad fue la totalidad de una sociedad panameña (Sociedad de Aguas de América) propietaria de Inassa".

Cuando el Canal de Isabel II presenta su oferta para adquirir el 75% de Inassa, los propietarios de la empresa ya poseen una sociedad en Panamá donde tienen depositadas sus acciones. De hecho, cuando adquieren en 2000 el 20% de acciones que tenía Aguas de Barcelona, lo hacen a través de esa sociedad panameña.

Pablo de las Heras recuerda que para dar más transparencia a la operación, el Canal encargó un informe de fiscalidad al despacho de abogados de Garrigues y lo puso a disposición de todos los consejeros: "Hablaba de distintas posibilidades de hacer la operación, bien una compra directa, bien una compra a la tenedora de las acciones, que era una sociedad panameña, bien a través de otras sociedades en Holanda, Uruguay o Estados Unidos. Desde el principio, la voluntad de los accionistas era vender a través de una sociedad panameña. Y el informe de Garrigues se centró en esa posibilidad y lo que deducía es que tenía el mismo efecto fiscal para el Canal de Isabel II el hecho de comprar la sociedad en Panamá y liquidar la sociedad en el mismo acto de compra (cosa que se hizo) que comprar las acciones en Colombia".

El exdirector económico del Canal, José Antonio de Cachavera, ofrece más explicaciones: "Nuestra obligación era pagar los menos impuestos posibles porque iban en contra de los ciudadanos de Madrid, pero evidentemente haciéndolo dentro de la legalidad. Nos asesoramos como una empresa de primer nivel como es Garrigues (...) La compra en Panamá, que yo entiendo que en este momento en el que estamos, con todo lo que ha pasado, suena como que se hizo algo oscuro, fiscalmente no tenía ninguna trascendencia y era la forma en la que los accionistas vendían la sociedad. Nosotros no hemos operado en paraísos fiscales, lo único que hicimos en un paraíso fiscal, en este caso Panamá, por obligación, porque así estaba en el libro de venta y porque así fuimos autorizados por el Consejo de Administración, fue materializar la venta que se había hecho en diciembre, ir al notario a materializar lo que se había comprado y disolver la sociedad en el mismo acto, eso es lo que hicimos en Panamá".

La necesidad de crear una sociedad intermedia

Para comprar Inassa, el Canal de Isabel II creó una sociedad denominada Canal Extensia. El fiscal sostiene: "No era necesaria la creación de Canal Extensia. Canal de Isabel II podría haber adquirido directamente Inassa sin la necesidad de la interposición instrumental de Canal Extensia y, mucho menos, con la interposición fraudulenta de una sociedad radicada en un paraíso fiscal. Esta actuación carece de justificación en el sector público y se concibe ordinariamente como una forma de huida del derecho administrativo en beneficio de una supuesta eficacia en la actuación pública".

Cachavera, director económico del Canal de Isabel II cuando se compró Inassa, rebate así la tesis del fiscal "No sé qué conocimiento empresarial tiene el fiscal de este caso, pero la utilización de sociedades está dentro del común de lo mercantil. Además ¡no es una cosa que inventásemos nosotros!. Esto es una sociedad anónima, no se le puede llamar sociedad pantalla. En contra de lo que dice el fiscal, a mi me parece una medida de prudencia: cuando uno hace un negocio y más cuando es un negocio internacional, aislar el riesgo que pueda tener ese negocio en una sociedad que no es la matriz (es lo prudente). Porque si no, la matriz responde con todos sus bienes acerca de lo que suceda en esa sociedad. En cambio, cuanto tú haces una sociedad, respondes con los bienes de esa sociedad y, por lo tanto, ¡estás protegiendo el patrimonio de los madrileños!".

El Canal no puede hacer negocios fuera de Madrid

Otro de los argumentos que esgrime la Fiscalía en distintos escritos es que el Canal de Isabel II, según la ley autonómica 17/1984 que lo regula, no puede participar en otras sociedades mercantiles ni competir en concursos fuera de la Comunidad de Madrid. Los técnicos lo niegan y ponen ejemplos. López Heras: "Desde 1991 (con Gobierno socialista en la Comunidad de Madrid) hasta 1999, el Canal de Isabel II había intentado hacer múltiples incursiones en el mercado internacional y nacional, y excepto Cáceres, que lo hizo en una operación con el Grupo Suez, con Aguas de Barcelona, a través de una sociedad, no había conseguido nada". El concurso de Cáceres que ganó el Canal de Isabel II fue avalado por decisiones judiciales.

José Antonio de Cachavera, el exdirector económico del Canal, detalló más proyectos de su etapa que superaron las fronteras de la Comunidad de Madrid: "Estuvimos viendo negocios en Cuba, en Panamá, en Colombia, en Asunción en Paraguay, multitud de operaciones en el ámbito de la diversificación internacional del sector del agua pero también desde el punto de vista de la diversificación sectorial. Montamos una sociedad para la distribución de energía en la Comunidad de Madrid con Hidrocantábrico, con quien ya éramos socios en Hidráulica Santillana. Es decir, la creación de empresas participadas para explotar negocios laterales o colaterales del Canal ya era una práctica habitual, como es normal y de sentido común. Hay que aprovechar el conocimiento y la posición que tenía el Canal para optimizar los medios que los madrileños ponían a nuestra disposición y nada más".

En el sumario no existen pruebas de que parte del dinero pagado por el 75% de Inassa fuera destinado a comisiones ilegales.

Cargando
Cadena SER

¿Quieres recibir notificaciones con las noticias más importantes?