Rato utiliza la comisión del rescate para atrincherarse en su versión del 'caso Bankia' antes del juicio

Madrid

Rodrigo Rato ha utilizado buena parte de su intervención en la comisión parlamentaria que investiga el rescate a la banca para hacer alarde de su defensa en el 'caso Bankia', el uso de las tarjetas Black que espera el recurso del Supremo y la investigación de su patrominio personal y negocios.

En la primera comparecencia, el expresidente de Bankia ha cargado contra la instrucción judicial que le sentará este año en el banquillo. Para ello se ha remitido a su última comparecencia parlamentaria del año 2012. Desde entonces, ha dicho "se han producido nuevos hechos que introducen más sombras que luces sobre lo sucedido, me refiero a la instrucción penal llevada a cabo en el Juzgado Número 4 de la Audiencia Nacional, instrucción que después de cinco años ha culminado en la apertura del juicio oral por presunta estafa a inversores".

Rato, en la línea de sus escritos de defensa, avala su gestión en la supervisión del Banco de España y la CNVM que dieron el visto bueno a las cuentas de la entidad y a la propia operación bursatil. La cúpula de ambos organismos supervisores compareció en calidad de investigados y finalmente se les exculpó de toda responsabilidad.

También ha desprestigiado la actuación de los peritos judiciales del Banco de España, Antonio Busquet y Víctor Sánchez Nogueras, y los informes que le sentarán en el banquillo. "Su opinión puede ser tenida en cuenta, pero carece de relevancia legal" ha dicho. Y les ha reprochado no tener un criterio uniforme. “Cada vez que mandaban un informe, tenían dos versiones, una por perito. Podríamos decir que se han ido peritando a sí mismos”.

Según ha explicado, en las primera conclusiones señalaron que las cuentas presentadas por BFA-Bankia en su salida a bolsa (junio de 2011) no reflejaban su imagen fiel al recoger provisiones por valor de 6.913M netos y que según los peritos no existían; en el segundo informe, año 2015, “ya reconocían que existían las provisiones pero afirmaban que no eran legalmente aplicables”.

Y una tercera versión de los peritos sobre cómo se cargaron las reservas en la contabilidad, una solución, ha dicho Rato "que se había dado a todas las anteriores fusiones del sistema bancario español".

Rato contra todos

Rato ha cuestionado los correos críticos del inspector jefe José Antonio Casaus incorporados a la causa y que motivaron la imputación de la cúpula de los reguladores. “Casaus proponía como alternativa vender Bankia a un grupo extranjero por un euro. El Banco de España, la CNMV, el FROB y la ministra de Economía no compartieron sus opiniones y autorizaron la salida a bolsa".

Además, ha cargado contra el FROB por haberse sumado "a la acusación del fiscal pese a reconocer que fue partidario dela salida a bolsa". Y continuaba "Curiosamente lo que no menciona el FROB es que desde junio de 2010 todos los planes de negocio de BFA tenían que ser aprobados por el FROB a cambio de los 4.600M de euros que se habían prestado. Es decir, BFA desde su nacimiento era una entidad intervenida por FROB y diseñada en 2010 por el Banco de España”.

Y también ha lanzado críticas contra el Ministerio Público. "Lo que decide ignorar el fiscal es que en ese folleto a los inversores no había mención a futuros beneficios".

"Faltar a la verdad"

Negando la evidencia de las acusaciones en los informes de la ONIF, Rato ha llegado a decir "Todavía Hacienda tiene que decir cuánto dinero le debo" obviando que los inspectores ya cifraron la cantidad sin declarar en 6,8 millones de euros entre los años 2004 y 2015. También ha negado que precisamente en el 2004 se le acuse de algún delito cuando Hacienda incluye ese ejercicio fiscal en el periodo investigado que arroja un fraude fiscal de 14 millones de euros en total.

Ante la cadena de negaciones, ha subido el tono del debate y el portavoz socialista Pedro Saura le ha llegado a increpar "Usted aquí no da lecciones. Ni le permito decir que no tiene responsabilidad. Ni que falte a la verdad". Saura no ha retirado el término de "delincuente compulsivo" a petición de la presidenta de la Mesa de la comisión al considerar que es acorde al "retrato del informe de la ONIF".