La senadora Pilar Barreiro, ante el Supremo por lavar su imagen con dinero público

Madrid

La senadora Pilar Barreiro declarará este lunes como imputada en el Tribunal Supremo acusada de haber facilitado la actividad corrupta de la rama murciana de la trama Púnica. La parlamentaria del Partido Popular, exalcaldesa de Cartagena, tendrá que dar explicaciones ante la magistrada Ana Ferrer por todo el dinero público que comprometió para que el empresario Alejandro de Pedro cuidase su imagen en internet y las redes sociales.

El juez Eloy Velasco, que hasta hace unos meses llevaba las riendas de esta investigación, fue claro a la hora de pedir al Tribunal Supremo la imputación de esta aforada: la que fue alcaldesa de Cartagena durante dos décadas "abusó de su cargo" para que, primero el consistorio y después también una consejería del gobierno murciano, pagasen dinero público a Alejandro de Pedro por debajo de la mesa para mejorar la imagen de esta política, en ese momento asediada por casos de corrupción.

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Barreiro y sus colaboradores, según el juez, "abrieron las puertas del Ayuntamiento" a la trama corrupta ejecutando "un plan criminal". 

Contratos falseados

Las primeras reuniones entre Barreiro, el exalcalde cartaginés José Antonio Alonso y Alejandro de Pedro se celebraron a comienzos de 2014, algunas de ellas en Madrid: acordaron, entre otras cosas, la creación de un medio digital para publicar noticias favorables a la regidora y hacer un seguimiento de sus perfiles e imagen en las redes sociales. A cambio, el consistorio le adjudicó un contrato menor de publicidad institucional a una de sus empresas bajo el epígrafe de "Campaña de publicidad turismo Cartagena 2014", justificando el concepto del contrato con dos banners publicitarios en varios diarios digitales controlados por la trama, a razón de 800 euros mensuales en facturas igualmente irregulares. 

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El segundo episodio atribuido a Barreiro discurre en el gobierno regional e incluye a la Consejería de Educación que dirigía entonces el ya expresidente Pedro Antonio Sánchez, ya fuera del cargo tras sus múltiples imputaciones. Según la investigación, acordaron un trabajo aún mayor en torno a su imagen a razón de 2.100 euros mensuales durante al menos un año e incluyendo trabajar también para el entonces consejero. En este caso, la operación se simularía bajo un "contrato de cobertura" y no llegó a llevarse a cabo al estallar antes el operativo policial y las detenciones a finales de octubre de 2014. 

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