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El Gobierno minimiza el impacto del rescate de las autopistas en quiebra en el déficit público

Fomento no da cifras concretas, pero sugiere que no llegará a los 1.000 millones de euros

Imagen de una de las autopistas radiales de Madrid, en quiebra /

El Ministerio de Fomento confirma su intención de asumir y reprivatizar en este 2018 la gestión de las nueve autopistas de peaje en quiebra. Reconoce que la operación se saldará con pérdidas para el Estado, y un impacto en el déficit público, que no ha llegado a evaluar, pero da a entender que va a estar por debajo de estimaciones oficiales anteriores.

En el pasado mes de octubre, en el plan presupuestario remitido a Bruselas, una vez confirmado que 2018 comenzaría con la prórroga de los presupuestos de 2017, el gobierno estimaba en 2.000 millones de euros la Responsabilidad Patrimonial de la Administración -RPA- con la que se deberá compensar a las concesionarias de las autopistas de peaje que este año revertirán al Estado tras su quiebra. Una estimación, por cierto, muy inferior a la incluida en el Plan de Estabilidad de abril de 2107, en que esa misma RPA se evaluaba en 3.500 millones de euros.

El Gobierno ha dicho este miércoles que en este mismo año espera ingresar de 700 a 1.000 millones de euros como resultado de los concursos para reprivatizar la explotación de esas mismas autopistas.

A primera vista eso implicaría un desfase económico de 1.000 a 1.300 millones de euros, que engrosarían el déficit público de este año. Pero el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, sin dar cifras concretas, da a entender que será menos. "Entendemos que la RPA será algo superior a lo que recuperemos y esa será la cifra de déficit de este balance de las autopistas". Se podría entender que "algo superior" debería ser menos que 1.000 millones de euros, pero el número dos del Ministerio de Fomento ha evitado mojarse.

La oposición teme que el Gobierno establezca ahora una cantidad muy baja como compensación, para reducir al mínimo el impacto en el déficit este año. Pero que esa cantidad sea recurrida por los acreedores y al final los tribunales fijen una cantidad superior, con una repercusión adicional en el déficit público.

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