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Alberto Garzón exige a Ana Pastor acabar con el bloqueo legislativo de PP y Cs en el Congreso

El líder de IU pide a la presidenta que ponga fin a la prórroga sistemática de enmiendas de PP y Cs que impiden la aprobación definitiva de leyes presentadas por la oposición. Garzón denuncia la gravedad de una situación sin precedentes que atenta contra los derechos de los partidos políticos

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón / Paco Campos EFE

Madrid

Llevamos 19 meses de legislatura y el Congreso no ha aprobado ni una sola ley de la oposición para revertir la herencia normativa del PP cuando tenía mayoría absoluta. Una parálisis motivada en buena medida por las prórrogas indefinidas en el trámite parlamentario que mantienen en el cajón una treintena de leyes que sí tienen mayoría política para prosperar pero que no acaban de avanzar.

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que le pide acabar con el bloqueo sistemático de facto impuesto por PP y Cs, que cuentan mayoría en la Mesa de la Cámara, y que a su juicio, "están dilatando con una treta reglamentaria y por mero interés político aquellas leyes con las que no están de acuerdo, a pesar de que una mayoría parlamentaria ha aprobado su tramitación".

En opinión de Garzón, se trata de un hecho gravísimo, sin precedentes en la historia parlamentaria democrática y que atenta contra los derechos de los grupos políticos y de los ciudadanos a los que representan, además de suponer un "cierre inédito del Parlamento". El líder de IU hace responsable a la presidenta del Congreso y le pide que ponga freno a esta situación, apelando a su deber de velar con neutralidad por el funcionamiento efectivo de la institución que preside.

En la carta enviada por el coordinador de IU, Garzón enumera varias iniciativas legislativas que permanecen "en el limbo parlamentario" por este motivo, entre ellas la Ley Mordaza, paralizada con prórrogas quincenales desde abril de 2017, la de la LOMCE, desde diciembre de 2016, la que pide despenalizar algunos supuestos relacionados con el derecho de huelga, desde junio de 2017 o la que incrementaría el salario mínimo interprofesional hasta 800 euros este año y los 950 en 2020.

 
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