La Fiscalía pide absolver al PP del borrado de los ordenadores de Bárcenas
En contra del criterio de la Audiencia de Madrid, sostiene que no ha quedado acreditado que los equipos informáticos contuvieran información relevante para el caso de la caja b del PP. El Ministerio Público pide aplicar la doctrina Botín al retirar la acusación el extesorero del PP, y absolver en el futuro juicio al partido, a la tesorera y al resto de implicados
El PP será juzgado por borrar los ordenadores de Bárcenas para destruir pruebas de la caja B / EFE
Madrid
La Fiscalía ha solicitado la absolución del Partido Popular; de su representante legal, Alberto Durán; la tesorera Carmen Navarro, y del informático José Manuel Moreno, en el futuro juicio por el borrado de los ordenadores de Bárcenas.
El Ministerio Público, que ya solicitó con anterioridad el archivo de la causa, interpreta que no hay indicios de los delitos de encubrimiento y daños informáticos de los que se acusa a los procesados.
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Asevera que no se ha podido acreditar que la información contenida en un pendrive aportada por Bárcenas al procedimiento procediera de estos ordenadores, que fuesen suyos, guardasen “información relevante” para el caso de la caja b del PP, ni ha quedado probado que el borrado de los discos duros haya causado “daño grave” a cualquier procedimiento judicial.
La afirmación de la Fiscalía contradice la argumentación de la Audiencia Provincial de Madrid, que manifestó en su escrito por el que aceptaba el procesamiento de los encausados que con el borrado de los equipos “se impidió una diligencia relevante en una causa criminal de indudable trascendencia”, en referencia a la investigación sobre la contabilidad negra del Partido Popular en la Audiencia Nacional.
La Fiscalía también considera que al retirar Bárcenas su acusación y no ejercerla el Ministerio Público, este caso por encubrimiento o daños informáticos no puede sostenerse solo con las acusaciones populares de ADADE, Izquierda Unida o el Observatori Desc, y procede aplicar la doctrina Botín para ordenar su archivo.
También aquí el Ministerio Público se muestra en contra del criterio de la juez instructora, Rosa María Freire, quien considera que la posible destrucción de pruebas en el caso de la caja b del PP “impide apreciar” la naturaleza “estrictamente privada” del delito de daños informátivos y la consiguiente aplicación de la doctrina Botín. Para la juez Freire, la causa puede tener interés general, por lo que no sería de aplicación este dogma.
La juez Rosa María Freire ordenó el pasado 30 de noviembre la apertura de juicio oral al advertir sólidos indicios de que el Partido Popular borró y rayó 35 veces hasta su destrucción definitiva los discos duros de Bárcenas, con el objetivo de ocultar pruebas en el caso de la caja b del PP.
Fue el magistrado Pablo Ruz quien remitió la causa a los juzgados ordinarios de la madrileña plaza de Castilla, al constatar que el Partido Popular mintió y pudo destruir pruebas. Cuando Ruz pidió los equipos al PP, éste le contestó que los había formateado “a partir de abril” de 2013, cuando en realidad destruyó su contenido seis días después de que el extesorero hubiera ingresado en prisión, a finales de junio de aquel año, y hubiera ya cambiado de estrategia, abandonando a los abogados que pagaba el PP y con la intención de tirar de la manta sobre los papeles de Bárcenas.
Además, la formación conservadora alegó haberlos borrado para que fueran utilizados por otro empleado, pero el agente 106.594 de la Policía Científica confirmó que nadie los había empleado. No constaban “ni entradas anteriores ni posteriores” a la fecha de la destrucción, según el agente.
