Las diputaciones provinciales suspenden en la gestión de su patrimonio inmobiliario
El organismo reprocha a las diputaciones no negociar el 70% de los alquileres de sus inmuebles
Madrid
La radiografía que hace el Tribunal de Cuentas en la fiscalización de la gestión de las diputaciones, cabildos y consejos insulares de sus bienes inmuebles arroja una fotografía de ineficacia y dejadez de estas instituciones, de las más cuestionadas, en la auditoría y control de sus recursos.
Según el informe, de las 48 entidades analizadas, el 23% rindió cuentas con hasta cinco meses de retraso en el ejercicio de 2014. La Diputación Provincial de Cádiz, por ejemplo, mandó su cuenta general de 2014 en julio de 2017, es decir, con dos años de retraso respecto del plazo legal.
En 2015 la rendición fue a peor. El porcentahe de las diputaciones que lo hicieron con retrasos de hasta seis meses aumentó hasta el 42%. En este ejercicio, Cádiz vuelve a despuntar como la peor diputación en cuestión de plazos, las envió en septiembre de 2017, casi un año después de lo que debía.
De las 42 entidades analizadas, 18 habían aprobado "solo alguna o ninguna de las rectificaciones" de los ejercicios 2014 y 2015, "ocho no habían aprobado ninguna", seis solo lo habían hecho sobre el ejercicio 2015 y cuatro del 2014.
Los inspectores señalan los retrasos en el Cabildo de Tenerife y elk la Diputaciónd e Lleida, con dos años de retraso, "lo que supone una dilación que merma su utilidad como instrumento de control de los bienes y derechos inventariables"
Además, el 48% de las 48 diputaciones analizadas no comprobaron el inventario con motivo de las nuevas corporaciones constituidas tras las elecciones autonómicas en 2015.
Reproche por los alquileres
En el informe, el organismo fiscalizador reprocha a las diputaciones y cabildos no negociar el precio de los alquileres. El 70% de los contratos de compra y todos los de alquiler de inmuebles se cerraron sin haber negociado el valor de la tasación o del arrendamiento, en contra de "conseguir un mejor precio, como requiere el principio de economía" que debe regir la actuación del sector público.
El tribunal también reprocha que el 24% de los inmuebles fue utilizado por otras entidades públicas o sin ánimo de lucro gratuitamente y el 10% estaba sin uso en el momento de la fiscalización. Además, el 23% de las entidades fiscalizadas no dio información al tribunal sobre el coste de mantenimiento y conservación de los inmuebles, lo cual refleja "que existe un desconocimiento respcto a los costes que están asociados a sus inmuebles" dice el informe.
Entre las once recomendaciones que hace el organismo, pide mayor rigor en el seguimiento, el control del patrimonio, los ingresos y gastos.
