Una prisión permanente aún más dura

Madrid

Ciudadanos ha cambiado su opinión y ha endurecido su postura más allá del PP a favor de la prisión permanente revisable. No solo acepta la ley, después de haber votado en contra en 2016 cuando firmó con el PSOE la derogación en el pacto de investidura de Pedro Sánchez, si no que ahora pide modificar el tercer grado penitenciario para que la persona que haya sido condenada a prisión permanente revisable no pueda acceder al tercer grado hasta el cumplimiento de un mínimo de 20 años, y no 15 como hasta ahora.

Para ello ha presentado una enmienda a la totalidad a la ley que el PNV, Unidos Podemos y PSOE quieren derogar. Al tratarse de una enmienda a la totalidad, se debatirá previamente a la propuesta de derogación de los nacionalistas vascos y de salir adelante evitaría la derogación.

Además para modificar el Código Penal se debe realizar mediante una ley orgánica que exigirá la votación por mayoría absoluta y no simple, lo que podría no alcanzarse visto el resultado de la votación para la aprobación de la iniciativa legislativa.

De 25 a 35 años en prisión

La pena de prisión permanente revisable conlleva el cumplimiento íntegro de la pena de privación de libertad durante un periodo de tiempo que oscila entre los 25 y los 35 años, dependiendo de que la condena sea por uno o varios delitos, o de que se trate de delitos terroristas. Una vez superado este periodo, el reo tiene derecho a que su condena sea revisada cada dos años.

Para que se suspenda la condena, además del cumplimiento mínimo de prisión señalado (artículo 92.1 del Código Penal), el reo debe haber obtenido el tercer grado penitenciario, que deberá ser autorizado por el tribunal con base en un pronóstico previo individualizado y favorable de reinserción social. Además, debe haberse satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito y cumplido un concreto número de años, según los casos, de prisión efectiva.

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El Constitucional prepara su dictamen

El Tribunal Constitucional tiene en sus manos la petición de los grupos progresistas para revisar la constitucionalidad de la prisión permanente revisable. Por ahora los magistrados no se planean adoptar una decisión de forma inmediata si no que el estudio podría prolongarse varios meses.

Si durante ese tiempo, la ley fuera derogada en el Parlamento, el efecto inmediato es que quedaría vacío de contenido el recurso planteado ante el tribunal de garantías, ya que al desaparecer la ley, no haría falta pronunciarse si es acorde o no a la carta Magna.