¿Qué debatirá el Congreso en el nuevo periodo de sesiones?
El Congreso de los Diputados inicia esta semana el nuevo periodo de sesiones, con el futuro de Cataluña cargado de incertidumbres
Las Cortes afrontan el segundo año de Gobierno de Mariano Rajoy instaladas en un bloqueo permanente respecto a la toma decisiones, la aprobación de leyes o el debate de los presupuestos generales del Estado de este año
La prisión permanente revisable, la reforma de la ley electoral o la brecha salarial serán algunos de los asuntos para el debate parlamentario en las próximas semanas
La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. / Fernando Alvarado (EFE)
Madrid
Esta semana empieza el nuevo periodo de sesiones en el Congreso. Vuelven los plenos, las sesiones de control, y con ellos el intento de que el Parlamento tome decisiones reales relevantes para la vida de los ciudadanos. Algo que ha ocurrido muy poco en el último año por los vetos del Gobierno, el retraso en la tramitación legislativa y la parálisis añadida que ha provocado la crisis en Cataluña. 2017 se cerró con sólo 13 leyes aprobadas, uno de los años con menos actividad normativa de toda la democracia.
El nuevo ciclo parlamentario arranca con 55 leyes en tramitación, de las cuales cerca de 40 siguen atascadas en el tapón legislativo de la prórroga infinita del plazo de enmiendas. Una maniobra dilatoria que la oposición reprocha a PP y Ciudadanos y que mantiene en una especie de limbo decenas de iniciativas que el Congreso ha aprobado tramitar, con mayoría de la oposición, pero que siguen sin avanzar. Algunas acumulan ya un año de parálisis con cerca de 40 prórrogas de enmiendas. Entre ellas, la suspensión de la Lomce, la subida del salario minimo o la derogación de la llamada ley "mordaza". El mismo camino llevan otras como la que pide revisar los copagos en dependencia, o la prohibición de indultar a condenados por corrupción o violencia de género.
La batalla por la derecha: PP y Cs
Por la derecha, PP y Ciudadanos, socios de investidura, se necesitan en el Congreso pero su rivalidad por el mismo electorado, con la formación naranja aupada en las encuestas, augura un marcaje mutuo, con la formación de Albert Rivera apretando al PP en el cumplimiento de su pacto y con los populares intentando desgastarles censurando acusándoles de oportunismo e incoherencia en algunos temas y votaciones. Lo veremos en el debate sobre la prisión permanente revisable reactivado tras el caso Diana Quer. El PP ha iniciado una ofensiva política y parlamentaria para ampliar los delitos castigados con esta pena e impedir su derogación. Y no oculta su reproche a Ciudadanos por haberse abstenido en octubre pasado en el Congreso dejándoles solos defendiendo esta pena, que ahora peligra en este nuevo periodo de sesiones porque la oposición ha aprobado derogarla. Los de Albert Rivera han contratacado anunciando una enmienda para endurecer la prisión permanente revisable, ampliando los plazos y requisitos para que un condenado a esta pena pueda acceder al tercer grado o a permisos penitenciarios.
La corrupción volverá a tensar la cuerda entre populares y Ciudadanos. La formación de Albert Rivera negocia ya con PSOE y Podemos para sacar adelante su ley integral contra la corrupción y la protección de denunciantes de casos de corrupción e insistirá en la reforma electoral que figura en el pacto de investidura con los populares y que Rivera ha anunciado como objetivo estratégico para contar unas nuevas reglas del juego en las generales de 2020 que mejoren la proporcionalidad. Para ello la formación naranja ha impulsado una agenda de contactos que iniciará esta semana con Unidos Podemos, con el que sí comparte interés por reformar la LOREG, frente a las reticencias de los populares.
PSOE y Unidos Podemos: carrera por marcar la agenda social en el Congreso
Por la izquierda vamos a asistir a una competición de iniciativas por parte de PSOE y Unidos Podemos en temas sociales y laborales frente a PP y Ciudadanos. Uno de ellos, sin dura, la lucha contra la brecha salarial. Los socialistas acaban de anunciar que preparan dos leyes sobre igualdad laboral entre hombres y mujeres, en las que barajan sanciones por discriminación salarial. Y quieren impulsar con negociaciones ya en la fase de ponencia la de facto dicen será la primera ley que toque la reforma laboral, un cambio en el Estatuto de los Trabajadores para equiparar los derechos de los empleados subcontratados y recuperar la prevalencia del sector sobre el de empresa. En este periodo de sesiones llevarán también al Congreso una ley de protección de los consumidores contra las cláusulas abusivas en todo tipo de contratos y servicios, desde los financieros
Unidos Podemos, en su estrategia de orillar el tema catalán, priorizará también la agenda social con nuevas leyes como la que pide un impuesto a la banca para reforzar el sistema de pensiones, algo que también apoya el PSOE o llevando al Congreso la propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para lograr la dación en pago con carácter retroactivo. También intentarán agilizar su ley para cambiar la regla de gasto de los ayuntamientos, para lo que contará con el apoyo de socialistas y nacionalistas, así como intentar sacar del limbo su propuesta para subir el salario mínimo interprofesonal, que se acordó tramitar hace más de un año, y que sigue atascada por la prórroga de enmiendas solicitadas por PP y Cs.
Cataluña y la división de la oposición: principales trabas para el desbloqueo
La incertidumbre en Cataluña, en cualquier caso, sigue sobrevolando el escenario parlamentario y amenazando con continuar bloqueando la actividad legislativa y la posibilidad de avanzar en algunos grandes asuntos. Para empezar, porque mantiene bloqueada la ley de leyes, los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno no puede aprobar porque no tiene suficiente respaldo parlamentario. Los votos del PNV que permitieron aprobar las últimas cuentas ahora no están disponibles ni siquiera para negociar mientras siga el vigor el artículo 155 y no se desbloquee la situación en Cataluña. Y lo mismo ocurre con la comisión territorial, que debate mejoras en el sistema autonómico de cara a una posible reforma constitucional, y que continúa con las sillas vacías de Unidos Podemos, nacionalistas vascos y los partidos independentistas catalanes.
Aunque sin duda influye, no sólo el conflicto en Cataluña o el uso del veto presupuestario por parte del Gobierno (impidiendo la tramitación de iniciativas de la oposición que impliquen aumento de gasto o reducción de ingresos) están detrás de la falta de frutos parlamentarios en lo que llevamos esta legislatura. Y es que que el PP esté en minoría no significa siempre que sus leyes peligren. Una cosa es que haya una mayoría de la oposición que quiera derogarlas o reformarlas y otra que sea capaz de ponerse de acuerdo para consensuar una alternativa que pueda llevarse al BOE. Esas dificultades están patentes en la reforma de la ley Mordaza, de la Lomce o de la Justicia, empantanada ahora en cómo elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
