VÍDEOEl ministro de Agricultura, Luis Planas, en 'Hoy por hoy'

El Gobierno cree que prohibir los indultos por secesión es una demanda social y ERC y PdCat lo ven una venganza

El PSOE cree que la enmienda del PP a su reforma de la ley del indulto sólo busca desviar la atención de la esencia de la iniciativa que persigue evitar la medida de gracia para condenados por corrupción y violencia de género

El ministro de Justicia, Rafael Catalá / ()

La propuesta del PP de prohibir los indultos a condenados por delitos de secesión y rebelión (por los que están investigados Oriol Junqueras o Carles Puigdemont) ha dividido a los grupos en el Congreso. Los partidos independentistas coinciden en calificar la enmienda a la reforma de la Ley del Indulto que actualmente se tramita en el Congreso, como una persecución política al independentismo y han anunciado que darán la batalla parlamentaria contra una propuesta que sólo agravará el conflicto en Cataluña. A juicio de Carles Campuzano, del PdCat, revela la "concepción de venganza con la que el PP se toma la aplicación de la justicia". Joan Tardá, de ERC, ha calificado la medida de antidemocrática y cree que sólo manifiesta la debilidad del PP al que "ya sólo le queda la fuerza bruta".

El Gobierno, por su parte, ha defendido la iniciativa porque a juicio del ministro de Justicia, Rafael Catalá, responde a una demanda de la sociedad española que no quiere ver indultados a condenados por delitos de secesión y rebelión por vulnerar la Constitución y la unidad de España. Una propuesta que sí contará con el apoyo de Ciudadanos.

El PSOE, por su parte, impulsor de la reforma de la ley del indulto que tramita actualmente el Congreso, no se ha pronunciado sobre el fondo de la enmienda presentada por los populares pero su portavoz, Margarita Robles, ha acusado al PP de desviar la atención a otros delitos para tapar su propia corrupción. Robles reprocha al PP intentar arrojar una cortina de humo sobre la que es la esencia de la iniciativa del PSOE y que pasa por prohibir los indultos a los condenados por corrupción y violencia de género.

El PNV ha mostrado su rechazo a la enmienda del PP y cree que podría ser inconstitucional.

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