El mercado de la vivienda vuelve a crecer a un ritmo que no se veía desde hace una década. Pero con unos volúmenes de construcción y compraventa muy alejados aún de los años enfebrecidos de la burbuja inmobiliaria. En las zonas de más demanda, especialmente en el centro de las grandes ciudades, la nueva escalada de precios de venta y alquiler hace ya casi imposible el acceso a la vivienda de los más jóvenes. La administración apuesta por ayudas a la compra o al alquiler para jóvenes y mayores de 65 años. Pero la promoción de vivienda social a precios asequibles lleva años bajo mínimos. Se está muy lejos aún de digerir todo el parque de viviendas que generó el boom. Con datos del Ministerio de Fomento: 2017 –último dato– empezó con casi medio millón de viviendas sin estrenar. Ese stock solo ha bajado en 160.000 en siete años. A pesar de que casi no se hace vivienda nueva. Se terminaron 34.000 en 2016, 17 veces menos que diez años antes. La venta de vivienda sí se reactiva. 374.000 en los primeros nueve meses de 2017, un 35% más interanual. Pero solo una de cada 12 compraventas es de vivienda nueva. El año pasado hasta septiembre se vendieron 32.000 de éstas. Casi un 60% más interanual. Pero en el mismo período de 2006 habían sido 273.000, nueve veces más. Los precios, hundidos con el estallido de la burbuja inmobiliaria, tocaron suelo en 2014. Desde ahí han subido de media un 18%, según el INE. Un 6% interanual en el tercer trimestre de 2017 –último dato publicado–. Pero esos precios están aún un 26% por debajo del pico alcanzado en 2007. Estos precios medios ocultan fuertes diferencias geográficas. Hay zonas en que los precios aún no han empezado a subir, como Ciudad Real, la provncia más barata, según datos del Ministerio de Fomento. Otras zonas están ya muy recalentadas. El gran problema para el acceso a la vivienda se centra en estas últimas: especialmente el centro de las grandes ciudades más dinámicas y con mayor atractivo turístico, en que una demanda creciente de jóvenes con empleos precarizados tiene cada vez más difícil conseguir una vivienda digna a precios asequibles. Tradicionalmente la vivienda social era un arma de la Administración para ofrecer vivienda a las rentas más bajas, contribuyendo de forma indirecta a reducir la presión de la demanda en el mercado libre. Pero a raíz de la crisis la incorporación de vivienda protegida está bajo mínimos. En 2007 se calificaron -quedaron listas para adjudicación- 67.000 viviendas protegidas en España, 62.000 de ellas promovidas -en el sentido de financiadas- por la Administración central. En 2016 fueron solo 7.000, de ellas menos de 4.000 aportadas por el Estado. Una por cada 16 de diez años antes. Y en 2017, hasta septiembre, la aportación de la Administración central es de poco más de 2.000, para un total que no llega a las 4.000. La promoción de vivienda social, para su alquiler a precios tasados, es una de las medidas contempladas en el nuevo plan de vivienda 2018-2021. Según el borrador difundido por el Ministerio de Fomento –aún puede haber cambios– habrá ayudas para la construcción o rehabilitación de viviendas que se destinen a alquiler a precios bajos. Hasta 36.000 euros por vivienda para el promotor, También las habrá para el alquiler de viviendas que cuesten menos de 600 euros al mes –900 en algunos casos– si no se suman más de 1.500 euros de renta al mes -3 veces el IPREM-, por un máximo de tres años. La ayuda será del 40%, y se eleva al 50% para menores de 35 y mayores de 65. . Hay tambien ayudas a la compra para los menores de 35, con los mismos límites de renta: hasta un máximo de 10.800 euros o el 20% del precio de venta. El plan se aprobará pronto, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, dice el gobierno. Pero luego tendrán que negociarse convenios con las autonomías.