La elección del fiscal General del Estado, nueva prueba de fuego entre Cs y PP

Madrid

El debate volverá a poner a prueba la relación de los socios de investidura, pero también la de Cs con el PSOE, con el que ha tenido igualmente roces en las últimas semanas. En plena escalada de la tensión con los populares, los de Albert Rivera plantearán hoy en el pleno del Congreso uno de los compromisos de su acuerdo con los populares, la reforma de la Fiscalía para mejorar su independencia.

Su iniciativa pasa porque el Gobierno siga proponiendo al fiscal pero introduce la novedad de que el Congreso tenga la última palabra al exigir el respaldo de al menos dos tercios de la la Cámara. Eso implica el voto favorable de 233 diputados, o lo que es lo mismo, con el reparto actual obligaría a que tuvieran que ponerse de acuerdo al menos tres grupos parlamentarios a la hora de ratificar al fiscal general del Estado que hubiera propuesto el Ejecutivo. Para ese nombramiento, piden además elevar de quince a veinticinco años el periodo de ejercicio profesional.

La proposición de ley pide también ampliar de cuatro a seis años no renovables el mandato del fiscal, para que no coincida con el cambio de Gobierno de turno y que el Congreso pueda también votar su cese en caso de incumplimiento grave de sus obligaciones de imparcialidad y respeto a la legalidad, igualmente por una mayoría de dos tercios, y a petición de una quinta parte de la Cámara.

La iniciativa de Ciudadanos incluye además un refuerzo de los contrapesos del Consejo Fiscal para exigir el respaldo de una mayoría de sus miembros a las propuestas de nombramiento en la cúpula fiscal y que se dote de autonomía presupuestaria y funcional a la Fiscalía para evitar injerencias indebidas por parte del ministerio de Justicia.  La formación naranja emplaza al PP a cumplir sus compromisos de investidura y a toda la Cámara a retratarse con una propuesta, dicen, que persigue preservar a la Fiscalía de injerencias políticas, asegurando que se trata de una auténtica Fiscalía del Estado y no del Gobierno.

A la espera de que ambos grupos decidan hoy mismo el sentido final de su voto, fuentes consultadas por la SER apuntan que ni el PP ni el PSOE están por apoyar la iniciativa.  Los populares están molestos con los de Rivera por haberse levantado de la subcomisión de justicia donde se estaba abordando este asunto y reprochan a Cs una actitud desleal para intentar buscar réditos mediáticos con una propuesta que ven incompleta y guiada por el oportunismo político. La dirección del grupo en cualquier caso no fijará oficialmente su posición hasta este mismo martes, pocas horas antes del debate en pleno.

El PSOE muestra también sus reticencias porque cree que la iniciativa vulnera la Constitución (que otorga la capacidad de nombrar y decidir la política interior y por tanto la de lucha contra la criminalidad al poder ejecutivo)  y reprocha a Ciudadanos sus contradicciones, al rechazar la elección parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, al asegurar que ello "politiza la justicia" y reclamarla sin embargo para el Fiscal General del Estado.

Por el contrario, tanto Unidos Podemos como Compromís, a la espera también de adoptar una decisión definitiva, se inclinan por respaldar la iniciativa para permitir su admisión a trámite.