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Amnistía Internacional pide a España eliminar el enaltecimiento del terrorismo

El informe de 2017 alerta de la constante erosión de la libertad de expresión en el mundo

Cartel de Amnistía en la marcha por la Mujer en Washington el pasado enero de 2017 /

Amnistía Internacional constata un año más cómo la libertad de expresión y lo que su director en España Esteban Beltrán denomina "el espacio civil" se recortan a nivel mundial. "La libertad de expresión va a ser un campo de batalla decisivo para los derechos humanos -añade Beltrán en la presentación en Madrid del informe mundial-, y debemos protegerla con urgencia porque está en riesgo". 

El informe sobre la 'Situación de los Derechos Humanos en el Mundo' pone como ejemplos las muertes de periodistas en México (11 asesinatos en 2017), las leyes 'ad hoc' en Hungría para acorralar a Amnistía y otras ongs, el encarcelamiento de la cúpula de AI en Turquía, o los ataques a los medios encabezados por el propio presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Pero también en España ha sido un mal año para la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, donde "alzar la voz, incluso en redes sociales es cada vez más peligroso".  La 'ley mordaza' es aplicada arbitrariamente y da un margen enorme de discrecionalidad a la policía, y eso como dice Beltrán tiene consecuencias: "es claro que hay un aumento de la autocensura a la hora de comentar actuaciones policiales según ha recogido Amnistía". 

El otro aspecto que preocupa a amnistía es la criminalización de declaraciones públicas bajo la figura del enaltecimiento del terrorismo y por eso insiste Beltrán en que "ese artículo 578 no debería existir en el ámbito del Código Penal". 

Amnistía incluye dentro de este capítulo de restricción de la libertad de expresión la prisión provisional para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart -los 'jordis'-, por hechos que si bien pueden ser sancionables legalmente nunca como rebelión o sedición.

 

Siguen las ilegales 'devoluciones en caliente'

Una de las críticas más contundentes hacia España se refiere al incumplimiento sistemático de las leyes y compromisos respecto a refugiados y migrantes. Nuestro país fue condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las devoluciones sumarias en frontera (o devoluciones en caliente), porque no respetan los derechos elementales de aquellas personas expulsadas. Y aún así "desde esa sentencia al menos 40 personas han sido expulsadas de manera ilegal". 

El informe anual de Amnistía es un documento de casi 500 páginas que recoge la situación de los Derechos Humanos país por país, pero que busca identificar tendencias globales. Y si la de los gobiernos es hacia un uso de discursos de odio y de restricción de la libertad de sus ciudadanos, la tendencia global de las sociedades es la contraria. "No importa lo excluida que se sienta la gente -explica Beltrán-, demanda libertad, igualdad y dignidad". Hablan de un nuevo espíritu de protesta que muestran activistas en Polonia, Zimbabue, India o Estados Unidos. 

Y como muestra de ese espíritu, Amnistía ha acompañado la presentación del informe en Madrid con los testimonios de la activista guatemalteca Yolanda Oquelí, que huyó de su país amenazada por las multinacionales, Ignacio Robles, un bombero de Bilbao expedientado por objetar en un envío de armamento a Arabia Saudí o la abogada Isabel Elbal, una de las promotoras de la demanda a España por las devoluciones en caliente

Los tres han defendido el trabajo de Amnistía y la sociedad civil para animar a los activistas en todo el mundo a seguir con sus luchas. Pero también a la necesidad de que cada ciudadano participe en esta lucha. "Cada diez minutos muere un niño en Yemen, dice Robles, y somos cómplices de esos crímenes". 

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