El Partido Popular pide por segunda vez retirar DNI a una anciana por no hablar castellano fluido

Melilla

Por segunda vez, el Partido Popular de Melilla se suma como acusación particular a la petición de la Fiscal jefe, de retirar el DNI a una testigo en un juicio por no hablar castellano fluido. La testigo solicitó la ayuda de un traductor por no entender bien lo que se le preguntaba.

Los hechos han ocurrido en el transcurso del procedimiento llamado "caso voto por correo". Un proceso judicial que comenzó hace diez años y que ahora se está viendo en sala en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla.

El caso 'voto por correo' es un proceso judicial en el que están acusados miembros del Partido Socialista y del Partido Coalición por Melilla (CPM), por una presunta obtención de votos por correo a cambio de promesas de trabajo. Los hechos se remontan a las elecciones del 2008, año en el que el PSOE en coalición con CPM acudió a las elecciones generales.

Caso voto por correo

Tras una denuncia del Partido Popular se iniciaron en el juzgado diligencias previas para el descubrimiento e investigación de un supuesto delito electoral, ampliado posteriormente contra la Administración pública.

La denuncia surge a partir de que se conoce la remisión en masa a cientos de ciudadanos de unas cartas falsas relacionadas con el Servicio Público de Empleo y la inminente puesta en marcha de los planes de empleo.

Según un autor judicial, la investigación puso de manifiesto "indiciariamente" la existencia de un entramado formado por diversas personas que pretendían la obtención ilegitima de votos a favor de la coalición del PSOE y CPM. La solicitud del voto se hacía presuntamente "mediante dádivas, promesas o remuneraciones directas, consistentes en la promesa de un puesto de trabajo en los planes de empleo dependientes de la Delegación del Gobierno".

Por lo tanto, estas personas deberían apoyar con sus votos la candidatura del Partido Socialista para asegurar que los resultados electorales permitieran contar con un Delegado del Gobierno de esa formación que controlaría más tarde la selección de admitidos para dichos trabajos.

El auto desvela que la emisión de cartas falsas pretendía confirmar las promesas realizadas, "con objeto de otorgar preferencia a las personas que votaron a dicha coalición o a quienes prestaron servicio para la misma".

La fiscalía solicitó 231 años de prisión y 272 de inhabilitación para 30 miembros del PSOE y Coalición por Melilla (CPM) por una supuesta “compra de votos” en 2008.

500 testigos en el proceso

El partido Coalición por Melilla en un 90 % engloba en sus filas y en sus seguidores a la población musulmana de Melilla.

Algunos de los testigos, que no entienden con claridad el castellano "cuando se trata de terminología jurídica, que no entiende casi nadie". Alegan responsables de CPM, que al igual que el PSOE, consideran que se está "hostigando a los ciudadanos melillenses, que por su condición social, y edad, no hablan con fluidez el castellano y no entienden la jerga que se utiliza en sala."

A algunos de ellos se le preguntaba si se "ratificaba en sus declaraciones, y tuvimos que preguntarle primero si sabía que significaba que se ratificaba. Estamos hablando de personas que rondan los 70 años de edad".

Se trata de un procedimiento que cuenta con 500 testigos, la mayoría de ellos personas de avanzada edad o con reducción en su movilidad, que optaron por votar por correo.

En el trascurso de una de las vistas, la testigo de 70 años de edad, musulmana, dijo al comienzo de la misma que no hablaba bien castellano, a lo que la Fiscal que lleva el caso, respondió anunciándole que le iba a abrir expediente para que le retiraran la Nacionalidad Española por no conocer bien el idioma.

A este anuncio de la Fiscalía, se unió en la petición el Partido Popular como acusación particular. Todo ello ha causado un gran revuelo tanto político como étnico.

El Partido Socialista critica al PP por la postura mantenida y le exige que retire esa petición y que tenga en cuenta, que en Melilla viven muchas personas de avanzada edad que no han tenido la posibilidad de formación " y que hablan su lengua materna que es el Tamazigh".

Este dialecto rifeño del Norte de la zona del RIF es conocido también como Cherja y es hablado por casi todos los musulmanes de origen bereber.

Es el dialecto que hablan en casa, de ahí que uno de los principales motivos del fracaso escolar de la población de origen bereber en Melilla, sea que los niños cuando llegan en su primer año a la escuela, no conozcan el castellano. Lo que obliga a que deban recibir un apoyo extra en las aulas o mayor atención para su integración lingüística.

En la última vista, la Fiscalía volvió indicar que se iba a abrir procedimiento para la retirada de DNI, a otro testigo y el PP de Melilla volvió a sumarse a esa petición.

Regulación de nacionalidad a los bereberes españoles

Con la regularización llevada a cabo en el año 84, cerca de 11.000 melillenses que no tenían en regla su documentación, más bien carecían de ella, entraron en "el proceso de nacionalización."

La inmensa mayoría de ellos provenían de la población existente en la Ciudad en la época del Protectorado Español. O algunos eran soldados que habían luchado junto al Ejército Español en las batallas contra las cabilas rifeñas.

Ese proceso de nacionalización alcanzó a ellos y a algunos de sus descendientes que vivían en la llamada "cañada de la muerte". Un barrio formado enteramente por vecinos musulmanes y con este origen. Muchos de estos ciudadanos, ahora ancianos, forman parte de esos 500 testigos.

El PSOE exige al PP a que se retracte

El PSOE argumenta que en zonas rurales como Galicia o Euskadi o en Cataluña, hay muchas personas que no hablan con fluidez el castellano o que ni siquiera lo hablan.

Sabrina Moh ,Secretaria de Organización del PSOE melillense, pone de ejemplo que en Junio del 2015, el Congreso de los Diputados aprobó una ley con amplio consenso para otorgar la Nacionalidad Española a los descendientes de los Sefardíes expulsados en España en 1492 ". Como lógica expone que "muchas de estas personas, de estos descendientes no hablan castellano, por lo tanto según el PP y la Fiscal jefe deberíamos retirarle la nacionalidad".

La Comisión Islámica lamenta la actuación del PP y de la Fiscal y añade en un comunicado que "parece que se está haciendo más una persecución étnica que judicial por parte de algunos."

El presidente del PP en Melilla Juan José Imbroda dice que ha sido una actuación de la abogada del partido. El PSOE le ha contestado que eso es " tratar de tontos a los ciudadanos".