El Tribunal Supremo absuelve a los dueños de un club de cannabis de Bilbao

Madrid

El Tribunal Supremo ha decidido absolver a cinco miembros de una asociación de consumo de cannabis de Bilbao, después de que el Tribunal Constitucional le obligase a reconsiderar el caso: en un primer momento les condenó a penas de hasta 8 meses de cárcel por delitos contra la salud pública pero ahora les absuelve al entender que no ha quedado probado que supieran que la actividad que desarrollaban era ilegal. 

Se trata del caso de la asociación 'Ebers' de Deusto, formada en 2010 y con casi 300 afiliados, que arrancó con una absolución en la Audiencia Provincial de Vizcaya pero encontró condena en el Tribunal Supremo en septiembre de 2015: penas de entre tres y ocho meses de cárcel y multas de 5.000 euros por delitos contra la salud pública, teniendo en cuenta el factor del error vencible: si no sabían que lo que hacían era ilegal e iba más allá del consumo propio, tenían que saberlo. 

Fue finalmente el Tribunal Constitucional el que sentenció que habían sido condenados sin respetar su derecho a defensa: el Tribunal Supremo, a la hora de revocar su absolución, tendría que haberles escuchado y haber comprobado si realmente sabían que su actividad era delictiva o si realmente podían acogerse al error invencible. 

Fuente de "riesgos incontrolables"

La sala de lo penal del Tribunal Supremo, encabezada por Manuel Marchena, revocan las condenas y dictan una sentencia absolutoria, pero no sin antes dejar claro que la conducta de los condenados les sigue pareciendo delictiva aunque efectivamente no quedase probado que supieran que lo era. "Son responsables de crear la fuente de esos riesgos incontrolables y reales cuando se manejan esas cantidades de sustancia que se distribuyen a doscientas noventa personas cuyas actitudes o motivaciones no pueden fiscalizarse", dice la sentencia, explicando que la actividad de esta asociación de Bilbao desborda el tipo legal del delito contra la salud pública. 

Ampliar

Explican los jueces del Supremo que se limitan a repetir "todos los argumentos que no se ven materialmente afectados por la nulidad decretada por el Tribunal Constitucional. No hay nada nuevo  que pueda incidir en la valoración de este Tribunal de la cuestión jurídica que se le planteaba", dice, explicando que incluso "si algo ha variado es precisamente para enriquecer o robustecer las razones que se vertían en aquella sentencia".

El "debate social"

Los jueces - con voto particular de Manuel Marchena y Antonio del Moral, en el que pedían enviar el caso de vuelta al tribunal de primera instancia - también se hacen eco de la variedad legislativa, jurisprudencial y también a nivel internacional y autonómico, asegurando incluso que no ignora "el debate social y también político sobre la cuestión implicada tras el asunto que se examina", refiriéndose a la posibilidad de una legislación más permisiva, pero añadiendo que "no es función de un Tribunal interferir en ese debate".