Marta Rovira paga la fianza de 60.000 euros que el Supremo le impuso
El pago se ha hecho efectivo por parte de la Caja Solidaria liderada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC)
Marta Rovira a su llegada al Aeropuerto del Prat / Àlex Recolons (ACN)
Madrid
La secretaria general de ERC y diputada catalana Marta Rovira ha pagado la fianza de 60.000 euros que le impuso el juez del Supremo Pablo Llarena en el marco del sumario abierto para investigar el "procés" hacia la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).,El pago se ha hecho efectivo por parte de la Caja Solidaria liderada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
El pago se ha hecho efectivo por parte de la Caja Solidaria liderada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC). El magistrado le dio 10 días para pagar y le impuso también la obligación de comparecer cada quincena ante los tribunales después de tomarle declaración como investigada el pasado día 19.
Llarena tuvo en cuenta la capacidad "decisoria" de Rovira sobre el proceso soberanista, y le impuso las medidas a pesar de que no apreció riesgo de fuga por su arraigo y "por su comportamiento en los últimos meses, que no ofrece ningún atisbo de posible ocultación".
En su auto el juez apuntaba que Rovira tenía "capacidad decisoria" en la concepción del "procés" y en la organización del referéndum ilegal, y participó en las reuniones para dirigir el proceso soberanista, todo ello según intervenciones telefónicas y el documento EnfoCats y la agenda incautados a Josep María Jové, la mano derecha del vicepresident de la Generalitat y president de ERC Oriol Junqueras.
Se trató, decía el juez, de "unas reuniones en cuyo seno se debatía la mejor estrategia que debía seguirse para lograr la independencia". A estos indicios de responsabilidad penal el magistrado sumaba que Rovira "impulsó personalmente" la ley del referéndum y la de transitoriedad política y fundación de una república catalana "cuando su prohibición por el Tribunal Constitucional era notoria". "Y por último, entre las evidencias más marcadas, las indagaciones recogen diversas conversaciones telefónicas en las que se aprecia que la investigada participaba, con una clara capacidad decisoria, en la organización y provisión de los centros de votación en los que pretendía celebrarse el referéndum ilegal que debía conducir a la declaración de independencia", concluía.
