"Queremos simplemente poder ser para ser lo que podamos"

Madrid

Cuando los diputados constituyentes llegaron al artículo 14, no hubo debate en las Cortes. Hubo, como mucho, una modificación lingüística que sugirió el senador –y premio Nobel- Camilo José Cela para que el redactado en la Ley fundamental quedara de esta manera: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Sólo existía el precedente de un artículo similar en la Constitución republicana de 1931 y que prohibía los “privilegios” por sexo, clase social, riqueza, ideas políticas o creencias religiosas. Tantos años después, cuando el artículo vigente se discutió en mayo de 1978, sólo se produjo una intervención en la comisión que debatía la nueva ley: la de María Teresa Revilla, de UCD. “Con mucho gusto concedo la palabra a la única diputada de la comisión para que explique el voto”, dijo el presidente.

“Señorías –empezó Revilla–, en este artículo que hemos votado afirmativamente, la mujer española adquiere, por fin, la plenitud de derechos. Es verdad que la votación ha sido unánime, sin disidencias, como estaba reclamando nuestra sociedad. Pero las mujeres no vamos a dar las gracias por ello. Tampoco vamos a mirar hacia el pasado con amargura o con rencor. Ahora buscamos el futuro y en el futuro queremos simplemente poder ser, para ser lo que podamos. Queremos conservar nuestra feminidad, que es un atributo precioso de la humanidad y, al mismo tiempo, sin renuncias, poder ser protagonistas de nuestra propia vida y participar en igualdad de esfuerzos y responsabilidades en el quehacer común”.

La diputada siguió unos párrafos más. Reclamó “una sociedad flexible en sus sistemas de trabajo y de educación, donde no sean incompatibles la maternidad y el trabajo, la vida familiar y la cultura” y advirtió de que “la crisis de identidad de la mujer” no era un problema femenino, sino “un problema de la sociedad que lo sufre”. Desde que se aprobó la Constitución, el Congreso tardó décadas en aprobar leyes que tuvieran un gran impacto social para resolver ese problema. La ley contra la violencia de género es de 2004 y la ley de Igualdad de 2007. Ambas se aprobaron durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género se aprobó por unanimidad para luchar “contra el machismo criminal”, según dijo Zapatero. Fue una ley de referencia que protegía a la mujer maltratada y agravaba la pena contra los agresores. En la misma legislatura, el Congreso aprobó la ley de Igualdad con los votos a favor de todos los partidos salvo el PP, que esta vez se abstuvo. Desde aquel instante, las empresas de más de 250 empleados debían negociar con los agentes sociales planes de igualdad y se impulsaba la paridad en las listas electorales o en los consejos de administración de grandes firmas. Otra cosa es que se cumpla. Al secretario general del PP, Ángel Acebes, la norma le pareció “absurda y excluyente”.

La ley de Igualdad supuso un avance indiscutido y así se celebró en el Congreso. Aunque basta acudir a la exposición de motivos de aquel texto para entender lo que queda todavía por hacer: “La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres (…) es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos”. La descripción para 2007 encaja aún en 2018, curso al que ha llegado la última propuesta legislativa, en este caso, contra la brecha salarial.

En febrero, el Congreso aceptó tramitar la proposición de Igualdad Retributiva de Unidos Podemos gracias al apoyo de todos los partidos salvo el del PP, que también se abstuvo. La norma reclama, entre otras cosas, que las empresas publiquen los sueldos medios y que los convenios fijen criterios que justifiquen una retribución o un complemento. Cuando se debatió la propuesta, ningún miembro del Gobierno estaba en el Congreso. Ha pasado mucho tiempo desde el artículo 14, pero las frases de la diputada Revilla preservan su vigencia.