El Parlament denuncia la destitución "ilegal" de Puigdemont y avala el 1-O
La propuesta de resolución ha sido aprobada por el pleno del Parlament con votos de JxCat, ERC y CUP
Los diputados de JxCat, Gemma Geis (i), Albert Batet (c) y Eduard Pujol, durante el pleno del Parlament. / Andreu Dalmau (EFE)
Barcelona
El Parlament ha aprobado este jueves una propuesta de resolución -presentada por JxCat y acordada con la CUP con el visto bueno de ERC- en la que se denuncia la "destitución ilegal e ilegítima" de Carles Puigdemont como president de la Generalitat y se avala el "referéndum de autodeterminación" del 1-O.
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Tras una mañana de tensiones en el seno de la Mesa del Parlament, que ha rechazado las peticiones de reconsideración de Ciudadanos, el PSC y el PPC contra las enmiendas de la CUP a la propuesta de JxCat, el pleno ha procedido al debate y votación de las resoluciones presentadas por los grupos parlamentarios.
La más polémica era la impulsada por JxCat, que finalmente no incorpora la enmienda de la CUP que planteaba "reafirmar" la declaración de independencia aprobada el 27 de octubre pero sí reivindica la legitimidad de Puigdemont como candidato a ser reelegido president y exige que el Gobierno del Estado "cese las injerencias" sobre las instancias judiciales para impedir que se materialice la voluntad democrática "legítimamente expresada en el referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre".
De hecho este reconocimiento al referéndum suspendido ha motivado una de las principales polémicas del día, porque los letrados han advertido de que votarla podría interpretarse como una desobediencia al Constitucional, Ciutadans ha pedido que se retirase del orden del día, pero Torrent se ha negado siquiera a reunir la Mesa para abordarlo.
La mañana empezaba ya con polémica, con los miembros independentistas de la Mesa avalando de nuevo (tras un fuerte debate interno) la admisión a trámite de las enmiendas de la CUP en las que se reafirmaban en la declaración unilateral de independencia, un gesto que no ha tenido más recorrido (porque no se ha votado en el pleno) pero con el que varios miembros de la oposición creen que Roger Torrent se ha ganado su primera querella por desobediencia. Los independentistas han pactado no ratificar la DUI, pero a cambio han acordado un texto de legitimación de Puigdemont en el que también se reconoce el supuesto referéndum del 1 de octubre.
Lo primero que ha pasado es que Ciutadans pedía la palabra e instaba a Torrent a reunir a la Mesa para que diera marcha atrás en la admisión a trámite de este punto pactado por los independentistas de reconocimiento de la DUI. Y aunque después se ha intentado que Torrent leyera en voz alta la advertencia de los letrados (que va en esa línea), el presidente se ha negado a hacerlo, así que finalmente David Pérez, del PSC, ha pedido la palabra para explicar este aviso. Al final, con polémica, con retraso, con algo de bronca, aunque con más sensación de control que con Forcadell, ha arrancado la legislatura con la aprobación de un texto que es el primer paso para que el Parlament termine invistiendo, con toda probabilidad a Jordi Sànchez.
La oposición
Durante el debate, los partidos no independentistas han exigido a los soberanistas que abandonen la idea de investir a Puigdemont. Insisten en que es una vía fracasada y en el caso de Ciudadanos no descartan pedir amparo al Constitucional. Los 36 diputados de ciudadanos y también los del PSC i el PP han evidenciado su desacuerdo con el hecho de que esa propuesta de resolución haya llegado al pleno no participando en la votación. Antes, Inés Arrimadas ha recriminado a los partidos independentistas que insulten a la mayoría de ciudadanos que no les han votado y que sigan mintiendo a los suyos.
Miquel Iceta, del PSC ha criticado los planes independentistas para crear una estructura paralela a la Generalitat en Bruselas que insiste el líder del PSC sería sólo de una parte de los catalanes.
Xavier Domènech, de los comunes, ha pedido que se deje de degradar las instituciones de autogobierno y advierte a los independentistas que proponer como president a un diputado que está en la cárcel va contra los intereses de Catalunya. Desde el PP insisten en que cada gesto simbólico supone alargar la farsa
