¿Puede Jordi Sànchez ser president?

Madrid

El único antecedente efectivo por el que se ha dado permiso a un preso para acudir al parlamento lo encontramos en 1986 cuando la a Audiencia Territorial de Pamplona autorizo a parlamentario de Herri Batasuna Juan Carlos Yoldi, que llevaba dos años cumpliendo prisión provisional como presunto autor de delitos de terrorismo, para acudir la sesión de investidura de la Cámara de Vitoria, en la que se presentó como candidato a lehendakari

La Audiencia de Pamplona recordó que la prisión preventiva no reducía sus derechos políticos, entre los que se encontraba la participación en asuntos públicos. Y añadía: "Si la legislación permite a los ciudadanos en prisión preventiva su presentación como candidatos a parlamentarios o presidentes de comunidades autónomas y son elegidos democráticamente, oponer trabas al ejercicio de su derecho lesionaría a su vez los derechos políticos de sus electores".

La Audiencia Territorial de Pamplona no vio inconveniente legal en conceder el traslado para el preso Yoldi, para garantizar sus derechos y los de sus electores, pero además porque no había otras circunstancias excepcionales que lo impidieran.

En cambio, en el Tribunal Supremo, el juez Pablo Llarena ya advirtió cuando limitó los derechos políticos de los detenidos que “instigaron actos violentos y no hay garantías de que no vayan a volver a hacer lo mismo aunque sea por su mera presencia vigilada”.

Aun así, el juez puede cambiar de opinión si se lo piden considerar si tomar posesión como president de la Generalitat entraría dentro de esos "derechos de representación" que ya garantizó en enero.

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