The Weinstein Company ha llegado a un acuerdo de adquisición con un grupo de inversores liderado por María Contreras-Sweet, exfuncionaria del Gobierno de Barack Obama entre 2014 y 2017, lo que ha evitado que el estudio cinematográfico y de televisión se declarase en suspensión de pagos, una decisión que habían anticipado la semana pasada tras fracasar las negociaciones para su venta. «Nuestro equipo se complace en anunciar que ha dado un paso importante al haber alcanzado un acuerdo para comprar activos de The Weinstein Company con el objetivo de crear una nueva compañía, con una nueva junta y una nueva visión», indicó Contreras-Sweet en un comunicado. Contreras-Sweet explicó que su intención es la de «crear un estudio liderado por una junta directiva constituida por una mayoría de mujeres independientes, salvar 150 empleos, proteger los pequeños negocios a los que se les debe dinero y crear un fondo de compensación para las víctimas». Más de 80 mujeres han denunciado haber sido acosadas o agredidas sexualmente por el entonces consejero delegado de la firma, Harvey Weinstein. «Creemos que la reorganización de la compañía como una empresa dirigida por mujeres será una inspiración para la industria, y un nuevo modelo de cómo una empresa de entretenimiento puede ser exitosa financieramente y tratar a todos sus empleados con dignidad y respeto», aseveró. De su lado, el fiscal general del Estado de Nueva York, Eric T. Schneiderman, aseguró que ha recibido el compromiso expreso por ambas partes de que la nueva compañía creará un fondo de compensación para las víctimas, implementará políticas de recursos humanos que protejan a todos los empleados y no se permitirá que los autores de estos actos ni aquellos que los permitieron se enriquezcan injustamente. «Trabajaremos con las dos partes en las próximas semanas para garantizar que honren y reafirmen estos compromisos antes del cierre del acuerdo. Nuestra demanda continúa activa y la investigación sigue en curso», subrayó Schneiderman en un comunicado. La demanda de Schneiderman ante el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York señalaba las «gravísimas violaciones» del código de derechos civiles del Estado de Nueva York, de los derechos humanos, así como de las leyes mercantiles, incluyendo las declaraciones de numerosos empleados víctimas de acoso sexual, intimidación y discriminación, y reclamaba que cualquier venta de TWC debía garantizar que las víctimas fueran compensadas y que ni los autores de estos actos ni aquellos que los permitieron se enriquecen de manera injusta. Según informan varios medios internacionales, el acuerdo, en el que también estaría involucrado el inversor multimillonario Ronald Burkle, asciende a unos 500 millones de dólares (406 millones de euros), así como la asunción de una deuda de 225 millones de dólares (182 millones de euros). También incluiría un fondo de compensación para las víctimas de alrededor de 80 millones de dólares (65 millones de euros).