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La subida salarial de los empleados públicos puede llegar al 8,8% en 3 años

Manifestación de empleados públicos en Valladolid /

Los sindicatos nunca quieren hablar de “preacuerdo”, porque hasta que los papeles están firmados todo puede irse a pique, pero en los últimos días los representantes de CCOO, UGT y CSIF han llegado a un entendimiento bastante completo con los responsables del Ministerio de Hacienda sobre las principales materias que afectan a los más de tres millones de empleados públicos y que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado. Este viernes por la mañana hay una reunión para ultimar los detalles y, si todo va bien, podría cerrarse un pacto con un horizonte de tres años en esa misma tarde.

El acuerdo contempla una senda de aumentos salariales que se moverá en una horquilla de entre el 6,9% y el 8,8% hasta 2020, según la marcha de la economía española, explican fuentes de las negociaciones. La parte fija de las subidas se haría de acuerdo a la siguiente progresión: un 1,5% hasta la mitad de este año, un 1,75% en la segunda mitad de 2018, un 2,25% en 2019 y un 2% en 2020.

Bueno para todos

También se ha acordado devolver a la negociación colectiva ámbitos que desde la crisis dependían solo del Gobierno central, como los asuntos relativos a la jornada y a la cobertura de la incapacidad temporal. El principio de pacto incluye asimismo una tasa de reposición (ritmo de cobertura de los empleados que se retiran) de entre el 75% y el 100%, con picos de hasta el 115% en algunos servicios clave como policía, de forma que se ganará empleo público neto por primera vez desde el comienzo de la crisis. Por último, se generalizará a toda la administración el plan de estabilización del empleo público, que debe reducir notablemente la temporalidad.

Fuentes de los agentes sociales creen que el acuerdo es positivo, porque la horquilla de subidas salariales fijada garantiza la recuperación de al menos dos puntos de poder adquisitivo, a menos que la inflación se desboque (un escenario muy poco probable). Eso sí, admiten que para el Gobierno es un pacto también favorable, porque el respaldo de los sindicatos le da una importante baza para negociar con los grupos políticos el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, y porque fijar la factura de los gastos de personal de las administraciones públicas permite al Ejecutivo hacerse una idea de cuánto dinero dispone en la caja para un eventual gesto hacia los pensionistas, como el que podría anunciar el Presidente del Gobierno la semana que viene en su comparecencia parlamentaria sobre pensiones.

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