La Fiscalía pide inutilizar los pasaportes de Puigdemont y el resto de fugados

Madrid

La Fiscalía quiere poner coto a los viajes de Carles Puigdemont y el resto de fugados. El Ministerio Público ha solicitado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que inutilice los pasaportes de los seis imputados para evitar que "utilicen sus desplazamientos para seguir llevando a cabo actividades claramente identificadas con la proyección y justificación internacional de los delitos de rebelión y sedición en los que han participado".

En el centro de la petición del Ministerio Fiscal, que siempre ha abogado por poner a Carles Puigdemont en búsqueda y captura internacional, están los viajes que el expresident ha hecho a Dinamarca, a Suiza y que hará a Finlandia.

Llegados a este punto el fiscal Javier Zaragoza ha decidido solicitar al juez Llarena que anule "la vigencia y validez" de los pasaportes de los seis imputados para evitar que sigan deambulando libremente fuera de España: son Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Anna Gabriel.

En estos momentos, el juez Pablo Llarena sólo mantiene vigente una orden de detención contra los seis fugados para el momento en que pongan un pie en nuestro país: ya el pasado mes de diciembre decidió retirar la euroorden para evitar que las autoridades suizas comprometiesen la investigación por un delito de rebelión, rechazó detener a Puigdemont en Dinamarca e hizo lo mismo con Anna Gabriel tras su llegada a Suiza. Recientemente, el Ministerio Público ha solicitado detener al expresident catalán si finalmente viaja al país helvético, algo a lo que a priori se niegan las autoridades de este país.

Nueva pieza separada

Por otra parte, el juez Pablo Llarena ha decidido abrir una pieza secreta en esta causa por un plazo de un mes para investigar si la Generalitat gastó dinero público en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. El magistrado ha tomado esta decisión después de recibir un nuevo informe de la Guardia Civil que apunta en la dirección de la malversación de caudales públicos y pide una ampliación de esta información.

En su auto, el magistrado solicita las pruebas: "La aportación de los documentos y demás elementos objetivos que prestan soporte al contenido de su informe".