La falta de presupuesto pone en riesgo el centro de control de maltratadores
Queda desierto el concurso público para adjudicar el centro que vigila con pulseras a los agresores machistas
(EFE)
Madrid
El Gobierno no garantiza la financiación suficiente del servicio que controla las pulseras electrónicas a los maltratadores que tienen orden de alejamiento. La falta de presupuesto está poniendo en riesgo la continuidad de este centro que se llama COMETA y que lleva funcionando casi una década.
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El concurso público convocado por el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para adjudicar la gestión del Cometa quedó desierto el mes de noviembre. Ninguna empresa se presentó porque la dotación presupuestaria es insuficiente para poder cumplir los requisitos que es impone el nuevo pliego de condiciones.
Entre ellos, asumir el coste de la sustitución de los actuales dispositivos telemáticos que fueron comprados en el año 2009 por el gobierno socialista y que se han quedado quedado tecnológicamente obsoletos. Tan desfasados que el 70% de las alarmas que se reciben no son porque el agresor se acerque a la víctima sino por fallos en la cobertura. Esta situación obliga a las trabajadoras a llamar hasta tres veces en una misma noche a maltratador y víctima para comprobar que no hay ningún peligro. Y provoca que las mujeres vivan en un estado de alerta permanente.
El deficiente presupuesto no garantiza la calidad del servicio y compromete la protección de las mujeres maltratadas, según alertan el PSOE, la UGT y las propias trabajadoras. Falta especialización y hay sobrecarga laboral. Solo veinte operarias para atender a 900 exparejas y las alarmas que emiten 1.800 dispositivos. Además deben gestionar las señales de urgencia antes de tres minutos cuando tienen varias alertas en espera.
El ministerio que dirige Dolors Montserrat anuncia ya que está elaborando ya otro pliego de condiciones para volver a licitar la gestión del servicio. El Cometa lo seguirán prestando Telefónica y Securitas Direct de forma prorrogada hasta el próximo mes de junio.
El PSOE acaba de registrar en el Congreso una batería de preguntas para pedir explicaciones al Gobierno sobre el deterioro en la prestación del servicio. “El concurso ha quedado desierto porque el Gobierno lo que pretende es que las empresas y las trabajadoras asuman trabajo y responsabilidades que el ministerio no paga” señala la portavoz de Igualdad, la diputada Ángeles Álvarez.
