La cúpula de DEFEX obtuvo más de 20 millones en mordidas por la venta de armas
El expresidente de la empresa pública comercializadora de armas, José Ignacio Encinas Charro, y el coronel retirado Ángel María Larumbe, se han repartido desde 2002 más de 10 millones cada uno en comisiones supuestamente fraudulentas, en más de 70 contratos para la venta internacional de equipamiento de seguridad
La propia DEFEX desmonta la coartada de los principales encausados
Militares españoles en Afganistán cargan material en dos aviones Hércules del Ejército del Aire / EFE Archivo
Madrid
Los principales investigados en el caso de supuesta corrupción internacional con la venta de armas desde la empresa pública DEFEX, el expresidente José Ignacio Encinas Charro y el directivo y coronel de infantería de marina retirado, Ángel María Larumbe, han conseguido más de 10 millones de euros cada uno en comisiones irregulares entre 2002 y 2012, según fuentes del caso que se instruye en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.
Mordidas por la venta de armamento y distinto equipo de seguridad en más de 70 contratos bajo sospecha suscritos con países como Angola, Arabia Saudí, Brasil, Camerún o Egipto entre otros, que acababan en cuentas opacas a nombre de empresas en paraísos fiscales.
Encinas Charro y Larumbe, a través de uno de sus supuestos testaferros, Vicente Ferro, han afirmado al juzgado que las comisiones eran lícitas y las autorizaba la propia DEFEX. Para ello, han presentado un escrito en un folio sin membrete y con el porcentaje del beneficio escrito a bolígrafo: un 0,5% de cada contrato de la empresa pública.
Pero ha sido DEFEX la que ha desmontado la coartada de los supuestos cabecillas de la trama, al contestar en un documento al juzgado que "bajo ningún concepto" autorizaron jamás las comisiones.
El caso de supuesta corrupción en la ya disuelta empresa pública DEFEX, dependiente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), estalló en 2014 cuando el entonces titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, y el fiscal Anticorrupción Conrado Saiz, desvelaron el fraude cometido en un contrato de equipamiento policial a Angola en 2008 por un total de 152,9 millones de euros.
La pública DEFEX, en colaboración con Comercial Cueto, aprobó la venta por ese importe, pero al país africano solo le llegaron armas por valor de poco más de 50 millones. Los más de 100 restantes se repartieron, supuestamente, entre funcionarios angoleños y los jefes de la trama en España. Para ello utilizaron una compleja ingeniería societaria opaca en paraísos fiscales que fue diseñada por Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa.
Las fuentes de la investigación, que ha sido dirigida por la UCO de la Guardia Civil en colaboración con la Policía Nacional, sostienen que esta empresa pública funcionaba “en el ámbito de la comisión” y “sobredimensionaba el coste de los equipamientos a exportar entre un 200 y un 300 por ciento” para repartirse mordidas millonarias en colaboración con funcionarios corruptos de los países a los que vendía armas.
Ni rastro del "Kin" de la trama
La pieza separada que investiga el contrato con Angola está prácticamente cerrada y preparada para el juicio oral. Casi todos sus responsables han sido identificados excepto el "kin" (sic) o "rey" de la trama (king): el mayor comisionista que solo por este contrato cobró una mordida de 3 millones de euros.
Al menos García Paesa y Juan Carlos Cueto, así como José Ignacio Encinas Charro, conocen la identidad del particular "míster X" de la organización criminal, según fuentes de la investigación, pero hasta el momento se han negado a desvelarla. Encinas Charro se limitó a asegurar cuando fue preguntado al respecto por el juez que eso eran "palabras mayores".
