Guillermo Ortega y Luis Vicente Moro insisten en el control de las adjudicaciones del PP Nacional

Madrid

El exalcalde de Majadahonda ha vuelto a declarar ante el juez de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, insistiendo en el mismo relato que en el juicio de la primera época de Gürtel. Según Ortega, fue el extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, quien presionaba para favorecer a empresas "amigas".

Según su relato, Lapuerta le llamó para interesarse y recomendarle que contratase con las empresas Licuas y Coarsa, propiedad del empresario Joaquín Molpeceres, algo que él entendió como una llamada "jerárquica", dado el peso nacional del partido. Ortega ha asegurado que tiempo después la diputada Carmen Rodríguez Flores le reprochó no haber accedido a la petición de Lapuerta, uno de los factores que le supuso su caída en desgracia, según fuentes de la acusación presentes en el interrogatorio consultadas por la Cadena SER.

El primero de los dos testigos en declarar hoy ha sido Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta y amigo de Ignacio González. Moro, a preguntas de la acusación, ha confirmado que trabajaba en la Constructora Hispánica, una de las supuestas financiadoras del PP según los apuntes de Bárcenas.

Moro ha manifestado que en el mismo periodo al que hacía referencia Ortega, año 2004, Ignacio González le contó que Lapuerta le había presionado para que las adjudicaciones se centralizaran en el PP nacional. Y ha hecho referencia a una "guerra de tesorerías" fundamentalmente entre las consejerías del Gobierno de Esperanza Aguirre, con Ignacio González como número dos, y el PP de Génova.

De hecho, según estas fuentes, Esperanza Aguirre tenía un papel de "mediadora" en la contienda de adjudicaciones. Moro ha subrayado también su amistad con González durante estos años, una relación que se ha roto, según ha contado, a raiz de la explotación del caso Lezo.

A preguntas sobre sus años de trabajo en la Constructora Hispánica, del dueño Alfonso García Pozuelo, donde tuvo vinculación entre 2006 y 2008, ha reconocido que se generaba una gran cantidad de dinero negro y que la empresa servía para colocar a personas vinculadas al PP como favor y ha resaltado "era un rumor en la empresa que había dinero negro".

Según fuentes de la acusación, ambos testimonios redundan en el modus operandi desde la sede de Génova donde se conspiraba para el delito de financion ilegal.